El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un análisis técnico y jurídico de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena retirar del espacio público el monumento a la Victoria, también conocido como monumento del Ángel o monumento a Franco, tras su incorporación al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La resolución, anunciada este martes por el ministro Ángel Víctor Torres, establece que el monumento deberá ser desmontado en un plazo máximo de seis meses, una decisión cuyas implicaciones están siendo evaluadas por los servicios jurídicos y administrativos del consistorio.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que los técnicos municipales estudian «las posibles consecuencias que para Santa Cruz va a tener esta decisión, que se ha dado a conocer hoy por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática».

El regidor insistió en que el consistorio actuará conforme a la normativa vigente y aseguró que «este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática».

No obstante, Bermúdez señaló que antes de ejecutar la medida es necesario valorar todas las repercusiones que puede acarrear para la ciudad. En ese sentido, indicó que «necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para las chicharreras y chicharreros, ya que el Ministerio de Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto, debemos estudiar en profundidad».