El bloqueo estadounidense obliga a Cuba a abrirse al capitalismo: luz verde a la inversión extranjera y al comercio exterior sin la intervención del gobierno

El Parlamento cubano ha aprobado de forma exprés un paquete de medidas económicas impulsado tras el anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel, con el objetivo declarado de responder al contexto de sanciones de Estados Unidos, atraer inversión extranjera y ampliar el papel del sector privado en la economía nacional.

Las reformas, respaldadas previamente por el Comité Central del Partido Comunista, afectan a múltiples ámbitos estructurales del sistema económico, incluyendo el sector financiero, el comercio exterior, el régimen empresarial y la política de inversión extranjera.

Entre las principales medidas destaca la flexibilización del sistema financiero, que permitirá el acceso del sector privado, el uso de criptomonedas, la entrada de remesas sin intermediación estatal y la apertura de cuentas bancarias sin autorizaciones previas.

Asimismo, se amplían las condiciones de funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán aumentar su tamaño, diversificar actividades y superar el actual límite de 100 trabajadores, además de establecer de forma autónoma sistemas salariales y estructuras internas.

El paquete también contempla la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de varias empresas privadas o participe en distintas sociedades, lo que abre la puerta a la consolidación de grupos empresariales de mayor escala dentro del sector privado nacional.

En paralelo, el Gobierno ha aprobado una mayor apertura al capital extranjero, que podrá operar en prácticamente todos los sectores económicos, incluyendo banca, turismo y agroindustria, así como asociarse con empresas privadas nacionales en nuevas modalidades de inversión.

Otra de las modificaciones relevantes es la descentralización de competencias económicas hacia gobiernos provinciales y municipales, que asumirán funciones en la autorización de inversiones, el comercio exterior y la gestión de empresas estatales y privadas.

También se contempla la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles con participación accionarial, una medida que supone un cambio profundo en la estructura de la economía nacionalizada.

El paquete de reformas ha generado interpretaciones contrapuestas: mientras el Gobierno lo presenta como una respuesta a la situación económica y a las restricciones externas, sectores críticos consideran que se trata de un giro de largo alcance hacia un modelo económico de mercado con mayor protagonismo del capital privado y extranjero.

Por el momento, no se ha establecido un calendario de aplicación concreto, aunque las autoridades han indicado que el conjunto de medidas se irá implementando de forma progresiva en los próximos meses.