La batalla judicial por la amnistía entra en una nueva fase. El Tribunal Constitucional no resolverá hasta septiembre u octubre el recurso de Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de dejar fuera de la ley el delito de malversación, una demora que mantiene bloqueado el posible regreso del expresidente catalán a España.

Aunque el Constitucional ya avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía, el alto tribunal aún debe pronunciarse sobre su aplicación al líder de Junts. El Supremo sostiene que la malversación no puede ser amnistiada al apreciar un beneficio patrimonial, criterio que la defensa de Puigdemont combate y que ahora deberá revisar la corte de garantías.

El fallo será uno de los más trascendentales de los últimos años, ya que marcará si Puigdemont puede regresar sin riesgo de ser detenido o si continuará huido de la Justicia española. Además, la decisión tendrá un fuerte impacto político sobre la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya mayoría parlamentaria depende del apoyo de Junts.

La resolución también coincidirá con el análisis que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre distintos aspectos de la ley de amnistía, por lo que el desenlace judicial del llamado procés continúa abierto y con importantes consecuencias tanto jurídicas como políticas.