Hay momentos en los que una sociedad se mira al espejo y decide qué valores quiere preservar incluso bajo presión. La llegada a Tenerife del MV Hondius, con pasajeros y tripulantes afectados por el brote de hantavirus detectado durante su travesía, es uno de esos momentos. La situación ha despertado inquietud ciudadana, controversia política y una comprensible sensibilidad social marcada todavía por el trauma colectivo de la pandemia de Covid-19. Pero precisamente por eso conviene separar con rigor los hechos de las emociones y actuar con serenidad, responsabilidad y sentido institucional. Y ese día es hoy.
La primera cuestión que debe decirse con claridad es que la elección de Tenerife como lugar para el desembarco y posterior evacuación de los pasajeros es una decisión discutible. Resulta legítimo plantear si una operación de estas características podría haberse realizado igualmente en Cabo Verde, con apoyo logístico internacional y bajo supervisión de la Organización Mundial de la Salud. El debate es razonable porque hablamos de una operación sanitaria extraordinaria que implica riesgos, aunque sean controlados, y que afecta emocionalmente a una población que vivió hace apenas unos años una experiencia devastadora.
Ahora bien, una vez que la decisión ha sido adoptada conjuntamente por el Gobierno de España y la OMS, el deber de las instituciones es explicar hasta el último detalle los fundamentos médicos, epidemiológicos y logísticos que justifican esa elección. Y ahí es donde quizá se ha producido uno de los principales déficits de estas últimas horas: la comunicación institucional llegó muy tarde y, durante demasiado tiempo, dejó espacio a la especulación, la desinformación y el miedo.
Las explicaciones ofrecidas posteriormente por la OMS, por expertos internacionales y por especialistas españoles y canarios en enfermedades infecciosas dibujan, hay que dejarlo claro, un escenario muy distinto al que algunos mensajes alarmistas han intentado instalar en la opinión pública. El virus detectado en el barco es la cepa Andes del hantavirus, una enfermedad grave y potencialmente mortal, pero cuyo comportamiento epidemiológico no es comparable al del SARS-CoV-2. No estamos por tanto ante un virus de transmisión aérea masiva ni ante una amenaza de propagación comunitaria descontrolada. Los datos conocidos hasta ahora apuntan, además, a que no existen pasajeros sintomáticos en estos momentos y a que el operativo diseñado contempla un traslado altamente controlado: desembarco en el puerto industrial de Granadilla, corredores acordonados, vehículos sellados, custodia policial y repatriación inmediata. Es decir, una operación diseñada precisamente para minimizar cualquier contacto con la población general. Tampoco podría ser de otra manera, obviamente.
Eso no significa frivolizar con el asunto. Todo lo contrario. Si Tenerife va a asumir esta responsabilidad, el Gobierno central tiene la obligación absoluta de garantizar que la operación sea impecable. Sin fisuras. Sin improvisaciones. Sin margen para errores. La seguridad sanitaria no puede descansar únicamente sobre declaraciones tranquilizadoras: debe sustentarse en protocolos rigurosos, transparencia informativa y máxima coordinación entre administraciones a la hora de actuar.
Y es precisamente en ese terreno político e institucional donde se ha echado de menos una mayor sensibilidad por parte del Ejecutivo español. Pedro Sánchez debió telefonear personalmente al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el mismo momento en que el Gobierno asumió oficialmente la tesis de la OMS y confirmó que Tenerife sería el punto de recepción del barco. No era solo una cuestión protocolaria. Era una cuestión de respeto institucional y de inteligencia política. Más aún cuando apenas unas horas antes la ministra de Sanidad había deslizado públicamente que el traslado a Canarias no parecía necesario. Ese cambio de criterio acelerado, sin una comunicación política suficientemente coordinada, contribuyó a generar incertidumbre en un contexto ya de por sí delicado. Las crisis sanitarias exigen liderazgo técnico, pero también pedagogía política y coordinación institucional total. En la comunicación de crisis no se pueden dejar cabos sueltos.
Dicho esto, tampoco ayuda en nada alimentar una espiral de crispación pública que solo multiplica el miedo y deteriora la convivencia. Se entiende perfectamente la reacción emocional de muchos ciudadanos. El recuerdo de las restricciones, las muertes y el colapso sanitario de la pandemia sigue muy presente en la memoria colectiva. Sería absurdo ignorarlo ni hacer el esfuerzo por entederlo. Pero precisamente por esa experiencia acumulada deberíamos haber aprendido algo esencial: el miedo descontrolado rara vez conduce a decisiones inteligentes.
No estamos ante otro Covid. Repetirlo no es minimizar el problema, sino describirlo correctamente, al menos según el criterio de los expertos, que para eso están y por algo lo son. Y los responsables públicos, los medios de comunicación y también los representantes políticos deberían contribuir a rebajar la ansiedad colectiva, no a amplificarla.
Tenerife, además, no es una isla ajena a las responsabilidades complejas. Canarias lleva décadas gestionando, muchas veces en solitario, desafíos humanitarios de enorme magnitud vinculados a la crisis migratoria atlántica. Lo ha hecho con recursos limitados, soportando tensiones sociales evidentes y reclamando reiteradamente mayor implicación estatal y europea. Pero, aun así, esta tierra ha demostrado una capacidad extraordinaria para responder desde la dignidad y la solidaridad incluso en los momentos más difíciles. Ese patrimonio moral no debería verse erosionado ahora por discursos de repliegue o por reacciones dominadas exclusivamente por el temor irracional. Una sociedad madura tiene derecho a exigir garantías absolutas de seguridad, pero también tiene el deber de mantener a salvo sus principios humanitarios.
Porque hay otra realidad que tampoco conviene olvidar: a bordo de ese barco viajan personas que llevan semanas atrapadas en el mar, algunas tras haber perdido compañeros de viaje, todas bajo una enorme presión psicológica y sanitaria. Humanizar la situación no significa ignorar los riesgos; significa comprender que detrás de cada crisis sanitaria hay también personas vulnerables que merecen ser tratadas con dignidad. Y, tampoco está de más recordarlo, viajan 14 compatriotas españoles.
Si el operativo culmina con éxito, e insistimos en que nadie duda de que será extraordinariamente complejo, Canarias también habrá demostrado algo importante ante España y ante el mundo: su capacidad para gestionar situaciones críticas con profesionalidad, solvencia y serenidad. Y eso tendría un enorme valor institucional y humano. La clave, en definitiva, está en combinar tres elementos inseparables: rigor científico, máxima exigencia operativa y responsabilidad social. Sin alarmismo. Sin frivolidad. Sin improvisación política. Porque la confianza pública no se construye ocultando riesgos, pero tampoco magnificándolos irresponsablemente. Tenerife ha levantado la voz con claridad, pero no puede permitirse ni el miedo irracional ni la negligencia. Lo que toca ahora es hacer las cosas bien. Y hacerlas juntos.