La guerra abierta en Oriente Medio, con Irán en el epicentro de una escalada de consecuencias imprevisibles, ha vuelto a recordar una verdad incómoda que Europa y España no terminan de asumir del todo: la energía no es solo economía, es geopolítica, seguridad y riesgo de vulnerabilidad. El cierre de facto del Estrecho de Ormuz, por donde transitan cerca del 20% del petróleo y gas natural del planeta, ha tensionado los mercados hasta niveles que creíamos superados tras la crisis de Ucrania, disparando el precio del barril en los mercados mundiales y encareciendo de forma inmediata los costes energéticos.
Ante esta situación, el Gobierno de España ha aprobado y publicado el Real Decreto-Ley 7/2026, anunciado por el presidente Pedro Sánchez como un primer escudo de contención. Y conviene subrayarlo: primero. Porque nadie, en su sano juicio, puede pensar que esta crisis será breve ni que sus efectos se disiparán en semanas. Estamos ante un escenario de inestabilidad estructural que exige una respuesta sostenida en el tiempo. Ya nos gustaría que fuera de otro modo, pero la realidad es tozuda. Los anuncios periódicos de Donald Trump pronosticando un rápido y exitoso final para la guerra que él mismo inició chocan por el momento con unos acontecimientos de extraordinaria complejidad. Y lo mismo se puede afirmar de sus no menos fantasiosos vaticinios sobre una rápida bajada en el precio del crudo una vez termine la guerra.
El decreto del Gobierno español sigue una lógica reconocible. Bajadas fiscales energéticas, refuerzo del bono social, ayudas a transportistas, agricultores y sectores más expuestos, impulso a las renovables y a la electrificación. Es, en esencia, una reedición, con matices, del manual aplicado durante la crisis de Ucrania: amortiguar el golpe inmediato y acelerar la transición estructural. Nada que objetar en lo conceptual.
Pero hay un problema. Y en Canarias ese problema tiene nombre propio: singularidad fiscal e insularidad. El grueso de las medidas del decreto descansa sobre instrumentos fiscales que, sencillamente, no operan igual en el Archipiélago. Por ejemplo, se anuncia que España baja el IVA energético del 21% al 10%, una medida de indudable impacto… en la Península. Pero Canarias no tiene IVA, tiene un IGIC que grava los combustibles exclusivamente al 1%, y que fue impuesto a modo de compensación recaudatoria tras la desaparición del AIEM, un arbitrio proteccionista cuya aplicación a los carburantes era totalmente absurda tras el cierre de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. Retomando la cuestión: España actúa sobre los impuestos estatales de los carburantes, pero Canarias tiene su propio impuesto autonómico. España modula la presión fiscal con herramientas homogéneas; Canarias vive en un sistema diferenciado que debido a ello exige respuestas propias.
El resultado es conocido: una medida pensada para el conjunto del territorio llega a las Islas con eficacia limitada, cuando no directamente desajustada. Y en un contexto de sobrecostes estructurales por la lejanía, la fragmentación territorial y la dependencia del transporte, ese desajuste no es menor: es crítico. Por eso, la clave no está en criticar el decreto, que sin duda es necesario, sino en asumir que al Archipiélago no le basta. Canarias necesita su propio plan de choque energético.
Por ello, la idea que sugerimos en estas líneas se basa en un plan que combine medidas estatales y autonómicas, pero que parta de una premisa clara: la iniciativa no puede venir solo de Madrid. Debe surgir, de forma inmediata, del Gobierno de Canarias. No como gesto político, sino como obligación competencial. Porque si algo deja claro el marco fiscal canario es que el margen de actuación existe. El impuesto sobre los combustibles en Canarias es competencia autonómica. Y ahí es donde se debe actuar, a ser posible con rapidez y precisión quirúrgica.
Las opciones están sobre la mesa. Hablamos de incrementar las bonificaciones específicas al combustible profesional (transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores), al objeto de que dichas rebajas fiscales devuelvan parte del impuesto y amortigüen el impacto directo sobre la cadena de suministro. Se trata por tanto de definir ajustes temporales del tipo impositivo que eviten trasladar el incremento del petróleo al consumidor final. Medidas selectivas, no generalistas, que prioricen la actividad productiva frente al consumo indiscriminado.
Vamos a intentar explicarlo con algunos números. En Canarias los combustibles están gravados con 265 euros por cada mil litros de carburante, por 470 euros en la Península. Por otro lado, la bonificación al carburante para profesionales en las Islas asciende al 66%, pero lo estuvo al 99% durante la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania. El Gobierno canario puede plantearse recuperar ese umbral en la bonificación fiscal para los sectores más afectados por la crisis de precios. Esta medida supondría una ayuda para los sectores productivos que tienen en los combustibles el mayor de sus costes, y al mismo tiempo sería una medida capaz de combatir la espiral inflacionista que vendrá de la mano de la subida en el precio de los carburantes, porque el eje de transmisión del aumento de precios en las Islas es el transporte de las mercancías, una de las lacras de nuestra cesta de la compra.
Canarias ya ha demostrado que sabe hacerlo. La bonificación para las islas no capitalinas, compensando el diferencial de precios respecto a las capitalinas, es un precedente útil. Pero insuficiente para una crisis de esta magnitud. Ahora hace falta ir más allá con los sectores afectados. Y, al mismo tiempo, las Islas deben exigir al Estado lo que corresponde. Porque una cosa no excluye la otra. El Gobierno autonómico debe actuar primero, porque puede y porque debe, y después reclamar la compensación económica correspondiente. Esperar para pedir es, en este caso, una forma de inacción. Actuar para exigir es una estrategia.
La guerra de Irán ha vuelto a poner al descubierto una vulnerabilidad estructural: la dependencia energética exterior. España ha avanzado en renovables; Canarias también, pero con mayor lentitud y mayores obstáculos. Y mientras tanto, el transporte, columna vertebral de la economía insular, sigue atado al petróleo. Por eso, junto a las medidas urgentes, hay que acelerar la transformación de fondo: electrificación real, despliegue renovable, almacenamiento energético y reducción efectiva de la dependencia fósil. Porque esta no será la última crisis. Y en Canarias, cada crisis energética siempre llega con más intensidad. La diferencia, esta vez, la marcará quien decida actuar a tiempo.