Europa necesita acuerdos. Y los necesita ahora. En un mundo sacudido por la incertidumbre geopolítica, la fragmentación comercial y el repliegue proteccionista de las grandes potencias, con Estados Unidos haciendo el papel de gamberro, la Unión Europea no puede permitirse el lujo de la irrelevancia. Por tanto, y como punto de partida, entendemos que el tratado de libre comercio con los países de Mercosur -largamente negociado, discutido, pospuesto y reformulado- responde precisamente a esa lógica: fortalecer el papel de Europa en el tablero global, diversificar mercados, asegurar cadenas de suministro y construir alianzas estratégicas en un contexto internacional cada vez más volátil.
Desde el punto de vista de los grandes números, el acuerdo tiene un indudable sentido. Abre un mercado de más de 260 millones de consumidores a las exportaciones europeas, favorece sectores clave como el automóvil, la tecnología, la industria farmacéutica o los servicios avanzados, y refuerza la posición negociadora de la UE frente a otros bloques económicos. Por tanto, se puede afirmar que, en términos macroeconómicos y geopolíticos, el pacto es coherente, necesario y, probablemente, inevitable en los tiempos que vivimos.
Pero ningún gran acuerdo comercial puede medirse solo en términos agregados. Porque detrás de los flujos de exportación, los aranceles y las balanzas comerciales hay territorios concretos, sectores vulnerables y economías frágiles. Y Canarias es uno de esos territorios donde la letra pequeña importa, y mucho. El Archipiélago mantiene una relación delicada con los mercados internacionales por su condición ultraperiférica, su fragmentación territorial, sus costes estructurales y su dependencia de sectores agrícolas especialmente sensibles a la competencia exterior. Entre ellos, las frutas tropicales -con el plátano como estandarte, pero también la papaya, el mango o el aguacate- constituyen una pieza esencial del equilibrio económico, social y paisajístico de las Islas. Y estas producciones, que son relevantes en nuestro sector primario, merecen una consideración suficiente. Y lo son precisamente por su condición de actividades con recorrido exportador, que no estamos en Canarias precisamente sobrados en nuestra capacidad para vender bienes y productos en mercados exteriores. De hecho, la exportación es el talón de Aquiles más notorio de la economía insular, una carencia estructural de la que habrá que hablar algún día.
Volvamos al asunto que abordamos hoy. La entrada masiva de productos agrícolas procedentes de países de Mercosur, con costes de producción notablemente inferiores y estándares laborales, medioambientales y fitosanitarios menos exigentes (este último asunto hay que aclararlo con urgencia, porque en la letra del pacto se fijan condiciones de equivalencia en la seguridad alimentaria de los productos de uno y otro bloque), puede alterar de forma sustancial ese equilibrio. No se trata de alimentar miedos injustificados ni de levantar muros comerciales anacrónicos, sino de aplicar una dosis saludable de realismo económico.
El libre comercio no es un dogma. Tampoco una maldición, como argumenta el gran tramposo Donald Trump. El libre comercio es una herramienta. Y como toda herramienta, debe usarse con precisión, con responsabilidad y con sensibilidad territorial. Defender el acuerdo con Mercosur no puede implicar mirar hacia otro lado cuando determinados sectores quedan expuestos a una competencia que no siempre se produce en condiciones de igualdad. Para decirlo en pocas palabras, en este medio de comunicación nos declaramos del libre comercio justo.
Por eso resulta imprescindible que la Comisión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias aborden este tratado con reglas claras, con transparencia y con un análisis riguroso de su impacto real. No basta con celebrar las oportunidades globales si no se estudian al detalle las consecuencias locales. No es suficiente con invocar las virtudes del mercado si no se diseñan mecanismos eficaces de protección, compensación y adaptación. Hay que ejecutar ambas tareas y ejecutarlas bien, sin caer en el histrionismo, pero tampoco negando las amenazas.
Canarias no puede ser una variable de ajuste en la arquitectura comercial europea. Su singularidad está reconocida en los tratados, y ese reconocimiento debe traducirse en políticas concretas. Si el acuerdo con Mercosur genera beneficios netos para los grandes sectores exportadores de la UE, como todo hace pensar que sucederá, resulta razonable, justo y necesario reservar partidas específicas para compensar a aquellas actividades que puedan verse perjudicadas. Y no hablamos de subvenciones arbitrarias ni de privilegios injustificados. Hablamos de equidad territorial, de cohesión económica y de sostenibilidad social. Proteger al plátano canario, a la papaya local o a la pequeña agricultura de exportación no es un gesto corporativista: es preservar empleo, paisaje, identidad y soberanía alimentaria.
La experiencia demuestra que los grandes acuerdos comerciales, cuando no incorporan cláusulas correctoras, acaban generando ganadores muy claros y perdedores silenciosos. Y esos perdedores suelen encontrarse en las periferias, en los territorios alejados de los grandes centros de decisión, en las economías más vulnerables. Por eso, más que rechazar el tratado o aceptarlo sin reservas, Canarias debe exigir cuentas claras con Mercosur. Información precisa, estudios de impacto, salvaguardas activables, compensaciones presupuestarias y políticas de acompañamiento para facilitar la adaptación productiva. Esa es la agenda responsable y es la que defendemos desde estas líneas.
Europa necesita acuerdos. Pero también necesita legitimidad. Y la legitimidad se construye cuando los beneficios del comercio se reparten con justicia y los costes no recaen siempre sobre los mismos hombros. Cuentas claras, reglas justas y compromisos verificables. Solo así el acuerdo comercial con Mercosur podrá convertirse en una oportunidad compartida y no en una nueva fuente de desigualdad territorial. Nos mantendremos muy vigilantes, nos va mucho en ello.