Hay debates que, por repetidos y mal planteados, acaban siendo obscenos. El de la vivienda es uno de ellos. Ver a socialistas y populares lanzándose los trastos a la cabeza mientras millones de ciudadanos destinan hasta el 68% de su salario a pagar un alquiler o una hipoteca no es solo penoso: es indecente. El Gobierno central acusa a las comunidades —especialmente a las gobernadas por el PP— de no cumplir la ley de vivienda. Los populares replican que esa ley fomenta la ocupación y genera inseguridad jurídica. Y en medio, como siempre, la gente corriente pagando la factura de un sistema que no funciona.
La realidad es más cruda que el argumentario. Hace años fueron las hipotecas abusivas y unos bancos que sangraron a familias enteras; luego llegaron los rescates —pagados por todos— y la lección quedó a medias. Hoy el precio del dinero ha bajado y, en teoría, debería facilitar el acceso a la vivienda a quien puede acudir al banco. Pero ese alivio choca de frente con la especulación del suelo y con prácticas de constructores, promotores, inmobiliarias, consultoras y propietarios que, en demasiados casos, han decidido maximizar beneficios sin una pizca de empatía. Una cosa es una ley manifiestamente mejorable —que debe cambiarse para dar seguridad a los propietarios— y otra muy distinta es maltratar a la gente honesta y trabajadora que solo quiere un techo digno.
Aquí los gobiernos —autonómicos y nacional— tienen una obligación moral: recordar para quién trabajan. Regular con firmeza, poner límites a los fondos y grandes tenedores, muchos de ellos vinculados a los mismos bancos que rescatamos, y equilibrar un mercado que hoy castiga al débil y protege al fuerte. La vivienda no puede seguir siendo el campo de batalla de consignas ideológicas mientras se vacían los bolsillos de la mayoría.
Hay otro mal que conviene mirarnos al espejo. El de los complejos. Los de aquí, los “peninsuleros” de actitud —canarios que pierden el norte cuando llegan los de fuera—. No se trata de chovinismo ni de decir que “lo nuestro es lo mejor”. No lo es siempre. Pero tampoco lo es asumir que lo de fuera vale más por venir de fuera. En nuestro oficio lo vimos con crudeza durante la erupción de La Palma: medios peninsulares desembarcando como si aquello fuera una fiesta, mientras a los medios locales se nos negaba lo que a los recién llegados se les concedía con alfombra roja. Un “Bienvenido, Mister Marshall” que aún escuece.
Esta semana, con los movimientos sísmicos del Teide, se ha repetido el patrón. El mensaje oficial fue claro: información, serenidad, preparación y cero alarmismo. Lo dijeron los técnicos y lo reiteró la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Sin embargo, buena parte de los enfoques nacionales optaron por el titular amarillo, el miedo fácil y el clic rápido. Luego nos piden acceso, declaraciones y cobertura. Todo. Siempre.
Y mientras tanto, Carnavales. La calle toma el mando, la fiesta estalla y toca disfrutarla con responsabilidad. La Consejería de Sanidad de Canarias ha lanzado una campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La apoyamos sin matices. No porque exista o no un contrato publicitario —de hecho, no lo hubo—, sino porque la prevención y la información son la base de la salud pública. Se ha hecho bien. Por eso resulta tan revelador escuchar a una contertulia despotricar contra la campaña, escandalizada por hablar con naturalidad del sexo, del “pito” y de lo que ocurre cuando se vive sin cuidado. Más revelador aún cuando esa crítica se emite desde un espacio que se beneficia de la publicidad institucional.
Menos hipocresía y más sentido común. Menos bronca política y más soluciones. Menos complejos y más respeto a lo propio. Y más información clara, valiente y responsable. Porque al final, la realidad —la de la vivienda imposible, la del volcán contado desde fuera y la de la salud pública— siempre acaba alcanzando a quienes prefieren mirar para otro lado. Aquí estaremos para contarlo.
El esperpento como sistema
Ya no es sainete. Es esperpento puro. La política española hace tiempo que dejó de parecerse a la realidad de la gente que madruga, paga impuestos y llega justa a fin de mes. Nos reímos, sí —por no llorar—, porque lo que vemos cada día roza lo grotesco. Los ciudadanos hemos pasado a ser los tontos útiles de una clase política que vive instalada en su burbuja, completamente ajena al país real.
El último episodio resume el desvarío: Gabriel Rufián, que ayer hacía bandera del independentismo más excluyente, hoy se postula como referente de una izquierda “estatal” y hasta como aspirante a liderar España. Esto ya no es un giro ideológico: es para hacer pipí y no echar gota.
Pero no sorprende. Es el resultado lógico de siete años de política sin pudor, de alianzas contra natura, discursos cambiantes y una ausencia total de autocrítica. Aquí todo vale si sirve para seguir en la foto, en el escaño o en el coche oficial.
Mientras tanto, la ciudadanía observa atónita cómo se mercadea con siglas, principios y cargos. Y la pregunta ya no es qué más vamos a ver, sino cuánto más se puede tensar la cuerda antes de que la desconexión con la sociedad sea irreversible. Porque la risa, cuando se prolonga demasiado, acaba siendo pura indignación.