Canarias vuelve a asomarse a un escenario ciertamente inquietante: el encarecimiento sostenido de los precios en bienes esenciales en un territorio que ya parte de una desventaja estructural. La crisis energética desencadenada por la inestabilidad en Oriente Medio no es un fenómeno aislado, ni mucho menos pasajero. Es, más bien, puede ser la antesala de un ciclo económico más duro, en el que la inflación puede dejar de ser un episodio puntual para convertirse en hecho persistente.
En ese contexto, las primeras respuestas institucionales, tanto del Gobierno español como del Ejecutivo autonómico canario, han sido previsibles y lógicas, pero nos tememos que también insuficientes. Hablamos que ajustes fiscales parciales, ayudas sectoriales y gestos de coordinación entre administraciones. Todo ello suma, pero no resuelve. Y cuando lo que está en juego es el coste de la vida diaria, la política no puede conformarse con medidas que se queden a medio camino.
Canarias presenta, además, una paradoja difícil de explicar a cualquier ciudadano: dispone de un régimen fiscal propio, más favorable que el del resto del Estado, y sin embargo soporta, en muchos casos, precios más elevados en la cesta de la compra. Esa contradicción no es menor. Es, en realidad, el síntoma de que algunos instrumentos que fueron diseñados para proteger la economía insular, en particular al sector industrial agroalimentario, pueden estar generando efectos indeseados en un contexto de crisis. Y este hecho aflora con esta situación sobrevenida.
Durante décadas, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) ha sido uno de esos instrumentos. Su lógica es conocida y, en términos generales, compartida por la sociedad canaria, los partidos políticos y los agentes económicos: proteger la producción local frente a la competencia exterior, compensando mediante una protección arancelaria las desventajas estructurales de un territorio fragmentado y alejado de los grandes mercados. Ese consenso ha tenido sentido en escenarios de estabilidad. Pero no vivimos tiempos normales.
Las políticas públicas no son dogmas. Son herramientas. Y como tales, deben adaptarse a las circunstancias. Hoy, con una inflación al alza y una presión creciente sobre los hogares, el AIEM introduce un elemento que no puede ignorarse: encarece determinados productos de primera necesidad en un momento en que se necesita precisamente lo contrario.
No se trata de cuestionar la necesidad de proteger el tejido productivo local. Se trata de reconocer que esa protección no puede ejercerse a costa de agravar la situación de las familias. Cuando un impuesto concebido como barrera defensiva termina funcionando, en la práctica, como un factor de sobrecoste en bienes con impacto en la cesta de la compra, la revisión de ese esquema deja de ser una opción prohibida. La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿tiene sentido mantener intacto el AIEM en medio de una crisis de precios? Y la respuesta, si se atiende a la realidad social, parece clara. No. Al menos, no en los términos actuales. Porque ya sabemos que la rebaja del IGIC, del 1% a la tributación cero en los carburantes y del 3% a la nada en los pocos alimentos que aún mantenían tributación indirecta, es una medida claramente insuficiente.
El Gobierno de Canarias debe abrir sin demora un debate serio sobre la rebaja, o incluso la eliminación temporal, del AIEM en productos alimentarios básicos. No como una enmienda ideológica al modelo, sino como una medida de urgencia ante una situación excepcional. Porque si algo define a una buena política económica es su capacidad de adaptarse cuando el contexto cambia. Y el argumento recaudatorio, que inevitablemente aparecerá en este debate, no puede convertirse en una coartada para la inacción. Toda rebaja fiscal implica un coste para las arcas públicas, que en este caso sería pertinente reclamar al Ejecutivo central. Pero esa rebaja también tiene un impacto directo en la economía real, en el consumo, en la capacidad de las familias para sostener su nivel de vida. Y en momentos de enorme dificultad, ese impacto debe ponderarse con rigor, pero también con sentido de la responsabilidad.
La experiencia reciente con la fiscalidad de los carburantes ofrece una referencia clara. Cuando los precios se disparan, las administraciones se ven obligadas a intervenir, asumiendo el coste que ello supone. Nadie discute ya que esas medidas eran necesarias. Lo que ahora se plantea es aplicar esa misma lógica a un ámbito aún más sensible: la alimentación. Porque el verdadero problema no es solo el encarecimiento de la energía, sino su efecto en cadena sobre el conjunto de la economía. El transporte, la distribución, los fertilizantes, los costes de producción. Todo acaba repercutiendo en el precio final de los productos que llegan al consumidor. En un territorio como Canarias, esa cadena es vulnerable.
En ese escenario, mantener un arancel proteccionista sin ajustes puede convertirse en un lastre. No porque su filosofía sea errónea, sino porque su aplicación, en este momento concreto, puede estar desalineada con la realidad económica y social. Gobernar, en última instancia, consiste en elegir. Elegir entre proteger estructuras o aliviar cargas. Entre preservar ingresos o reducir costes para los ciudadanos. Entre mantener intactos los instrumentos o adaptarlos a las circunstancias. Canarias necesita una agenda propia para afrontar esta crisis. Hay que reclamar ayudas, sin duda, pero no basta con esperar a que las decisiones del Gobierno central compensen las singularidades del Archipiélago. Esa expectativa, además de ingenua, ha demostrado por ahora ser insuficiente. La protección de la producción local sigue siendo un objetivo legítimo. Pero no puede convertirse en un fin en sí mismo. Debe ser compatible con el bienestar de la población, especialmente en momentos de dificultad.
En tiempos de incertidumbre, la política no puede permitirse el lujo de rendirse a la inercia. Y menos aún en un territorio que sabe, por experiencia, que las crisis siempre llegan antes y golpean más fuerte.