La participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos no es un capricho político ni una ocurrencia coyuntural. Es, antes que nada, una cuestión de principio institucional y de respeto al marco estatutario. El Estatuto de Autonomía de las Islas reconoce de forma explícita esta posibilidad y, por tanto, sitúa el debate en un terreno que trasciende la oportunidad o la conveniencia: se trata de cumplir con el autogobierno.
Por tanto, hay algo que conviene subrayar desde el inicio. No estamos ante una reivindicación improvisada ni ante una batalla partidista de corto recorrido. Se trata de un debate estructural, de largo aliento, que forma parte del desarrollo natural de una comunidad autónoma que aspira a ejercer con plenitud sus competencias. La madurez institucional se mide, precisamente, en la capacidad de hacer valer esos derechos recogidos en las normas fundamentales. Sin miedo y sin complejos.
Desde esa perspectiva, el planteamiento es claro: el Gobierno de Canarias tiene no solo el derecho, sino también la obligación de impulsar esta negociación. Y el Gobierno de España, por su parte, tiene la responsabilidad de sentarse a dialogar sobre esta cuestión. Los interlocutores son ambos, y son inequívocos. Por el contrario, no corresponde ese papel a la empresa gestora de los aeropuertos, por relevante que sea su papel como entidad mercantil de carácter mixto, público y privado. AENA es un actor fundamental en la operativa aeroportuaria, pero no es quien debe definir el marco competencial. Esa tarea corresponde a los gobiernos, en el ámbito de una comisión bilateral que permita ordenar jurídicamente la participación canaria.
En este punto, conviene despejar equívocos. La participación de la comunidad autónoma, y también de los cabildos insulares, en la gestión aeroportuaria no implica, en ningún caso, un riesgo de la ruptura de la red estatal ni la fragmentación del modelo actual. La red de aeropuertos españoles ha demostrado ser una herramienta eficaz, basada en la solidaridad interna entre infraestructuras más y menos rentables. Ese principio no está en cuestión. Las afirmaciones recientes del presidente de AENA, Maurici Lucena, son simplemente falsas y también tramposas.
Lo que se plantea no es desgajar los aeropuertos canarios de la red estatal, sino introducir mecanismos de participación que permitan adaptar determinadas decisiones a la realidad específica del Archipiélago. Y ahí es donde el debate adquiere toda su relevancia. Canarias no es un territorio cualquiera: su condición ultraperiférica, su dependencia del transporte aéreo y el peso del turismo en su economía justifican una implicación directa de las administraciones isleñas en aspectos clave como la planificación de inversiones o la política de tasas.
No se trata de una cuestión menor. Las decisiones que se adoptan en materia aeroportuaria tienen un impacto directo en la competitividad del destino, en la conectividad de las Islas y, en última instancia, en el bienestar económico y social de la población. Resulta razonable, por tanto, que las instituciones canarias puedan participar en la definición de esas políticas, aportando conocimiento del territorio y sensibilidad hacia sus necesidades. Es una cuestión de puro y simple sentido común.
Ahora bien, el cómo es tan importante como el qué. La cogestión o la participación en la gestión aeroportuaria es una cuestión compleja, que requiere un diseño institucional riguroso. No se resuelve en el ámbito de un consejo de administración ni mediante declaraciones públicas más o menos contundentes. Exige un acuerdo político sólido, articulado jurídicamente y con vocación de estabilidad. Existen fórmulas posibles. Desde nuevos órganos de coordinación hasta mecanismos específicos de participación en determinadas decisiones estratégicas. El modelo no tiene por qué ser único ni rígido, pero sí debe ser fruto de una negociación seria, alejada de la improvisación y del ruido político.
Y es precisamente ahí donde se sitúa el riesgo. Este debate puede derivar en una confrontación estéril, alimentada por intereses partidistas o por interpretaciones interesadas. O puede convertirse en una oportunidad para modernizar el modelo de gestión aeroportuaria, haciéndolo más eficiente, próximo y adaptado a las realidades territoriales de cada isla.
La elección no es menor. Si se opta por la vía del conflicto, el resultado será previsible: bloqueo, desgaste institucional y pérdida de tiempo. Si, por el contrario, se asume como una oportunidad, Canarias puede avanzar hacia un modelo más equilibrado, en el que la continuidad de la red estatal de aeropuertos conviva con la participación territorial.
En este sentido, la experiencia comparada y los movimientos que se están produciendo en otras comunidades autónomas apuntan en una misma dirección: la necesidad de revisar los actuales esquemas de gobernanza para adaptarlos a un contexto descentralizado y exigente. El Gobierno de Canarias ha mostrado su disposición a abrir este camino. El Gobierno de España, hasta ahora reticente, tiene ante sí la oportunidad de encauzar el debate desde el diálogo y la cooperación institucional. No se trata de ceder posiciones, sino de construir soluciones que fortalezcan el conjunto del sistema. Y en este aspecto no es aceptable la actitud obstruccionista que muestra la dirección de AENA, que se ufana de un éxito monetario muy relacionado con el afán de lucro de su parte privada. En este medio no nos dedicamos a satanizar el beneficio de las actividades privadas. Pero tampoco somos entusiastas de las actividades en régimen de monopolio. La cúpula de AENA gestiona un negocio cautivo y saca pecho por ello. Francamente resulta un poco ridículo.
En última instancia, de lo que estamos hablando con la participación canaria en los aeropuertos ubicados en las Islas es de hacer mejor las cosas. De reforzar el autogobierno sin debilitar la cohesión del sistema. Ese debería ser el objetivo. Y esa es, también, la responsabilidad de quienes están llamados a liderar este proceso. Sin miedo ni complejos.