La economía canaria atraviesa una etapa de crecimiento que, vista desde la superficie, invita al optimismo. Aumentan los ingresos públicos, el empleo resiste mejor que en otras fases del ciclo y el consumo mantiene una notable fortaleza. Sin embargo, precisamente en los momentos de expansión es cuando más necesaria resulta la templanza en la gestión de los recursos públicos. Es lo que dicen los expertos en economía y también lo que recomienda el sentido común, aunque no se trate de la actitud más frecuente. Quizá porque, como señala una frase de éxito de la política alemana, “es de mal gusto retirar el ponche en medio de la fiesta”. Pero el riesgo de no hacerlo es que la cosa termina en resaca.
En entrevista con Radio Marca Tenerife esta misma semana, el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, recordaba que “el Gobierno no puede permitirse el lujo de terminar la legislatura sin bajar el IGIC”, subrayando además que el único organismo que ingresa dinero directamente de la inflación es la administración autonómica. Su reflexión apunta a una cuestión de fondo: cuando la recaudación crece por factores coyunturales, la tentación de elevar el gasto estructural se vuelve especialmente peligrosa. Es el incremento del gasto público el que precisamente, hace inviable con los números en la mano una rebaja fiscal que los agentes económicos y los ciudadanos acogerían de buen grado por la incidencia directa en sus bolsillos. El propio Pedro Alfonso cifró la pérdida de recaudación por devolver el tipo actual del IGIC, el 7%, al 5% que solicita la patronal, en unos 300 millones de euros. ¿Estarían el Gobierno de Canarias, y los cabildos y ayuntamientos, dispuestos a renunciar a dicha cantidad en sus arcas? Seguramente no.
Los datos conocidos sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma confirman que esta preocupación no es meramente teórica. Canarias incumplió la regla de gasto en 2024 al elevar el gasto computable un 7,6%, cinco puntos por encima del 2,6% autorizado, lo que supone un exceso de 444,4 millones de euros. Esta cifra supone una llamada de atención sobre el gasto público autonómico, por más que, hay que contar la historia completa, la actual formulación de la regla de gasto está desfasada y merecería una reforma ajustada a estos tiempos que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha promovido ni la oposición de Alberto Núñez Feijóo estaría dispuesta a validar. Pero sin reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria la regla de gasto sigue marcando la tarea de las administraciones públicas españolas y fija el listón del cumplimiento o no de las cifras para mantener una buena salud financiera. Y esa es la paradoja de Canarias: con un déficit bajo, muy asumible, comienza a salir retratada en la lista de los incumplidores. No es por tanto una luz roja, pero sí una advertencia sobre todo por su efecto a medio y largo plazo.
Quizá hay algo más inquietante aún en el caso de la Administración autonómica, y es la naturaleza de ese incremento en el gasto, que se centra más en el gasto de personal y corriente que en la inversión pública. La diferencia entre una magnitud y otra es evidente. El gasto en salarios, cuando se convierte en estructural, genera una tensión añadida en las cuentas públicas, y solo es explicable cuando viene acompañado por un incremento de la productividad que redunde directamente en la calidad de los servicios públicos. De lo contrario, transmite el mensaje opuesto, el de la ineficiencia y el descontrol. En cuanto a la inversión pública, también requiere de eficiencia, pero es un parámetro mucho más saludable del capítulo de gastos, pues produce una modernización del tejido productivo y además genera nuevos ingresos tributarios. En este medio ya hemos señalado, en editoriales pasados, la necesidad de un plan de modernización de Canarias basado en la inversión pública inteligente combinada con incentivos potentes para el sector privado.
Conviene tomar nota: los ciclos económicos no son eternos. La historia reciente demuestra que basta una crisis geopolítica, una contracción del turismo, tensiones financieras o un simple agotamiento de la fase expansiva para que los ingresos fiscales se reduzcan con rapidez. Y precisamente el contexto internacional dista mucho de ser estable. Europa coquetea con el estancamiento y el descontento, las tensiones geopolíticas alteran los mercados energéticos, el comercio global muestra síntomas de fragmentación y las turbulencias financieras se han vuelto recurrentes en una economía altamente interconectada. En territorios como el nuestro, profundamente dependientes del exterior y del turismo, cualquier perturbación se transmite con inusitada rapidez.
Y es justo en ese escenario donde aflora la verdadera calidad de una política presupuestaria. Gobernar bien no consiste en gastar todo lo que entra, sino en administrar con visión de futuro. Porque lo que hoy parece holgura puede convertirse mañana en un ajuste abrupto si no se actúa con responsabilidad. Y sobre esto conviene desterrar, además, dos equívocos muy arraigados en el debate público. El primero es identificar austeridad con recortes. Nada más lejos de la realidad: la austeridad bien entendida es, ante todo, eficiencia. Significa priorizar, evaluar y garantizar que cada euro contribuya de verdad al bienestar colectivo. El segundo error es confundir gasto con progreso. Porque el gasto descontrolado no es sinónimo de servicios públicos más sólidos, sino que con frecuencia deriva en ineficiencias, duplicidades y rigideces que hipotecan el margen de actuación futuro de las administraciones.
Canarias, ya lo aprendimos dolorosamente en la crisis que nos castigó entre 2008 y 2014, necesita unas cuentas públicas capaces de resistir no solo los años buenos, sino también los malos. Y eso exige especial cautela en el crecimiento del gasto de personal y del gasto corriente, que son los más difíciles de reducir cuando llegan las vacas flacas. Este no es un llamamiento al inmovilismo ni a la contracción, sino a la inteligencia financiera. Aprovechar la bonanza para reforzar inversiones productivas, mejorar la competitividad y aliviar la presión fiscal cuando sea posible resulta mucho más sensato que consolidar estructuras de gasto que generan intereses creados y después se vuelven intocables.
La prudencia presupuestaria no es una opción ideológica; es una obligación moral con las generaciones futuras. Porque la peor herencia que puede dejar un tiempo de prosperidad es un modelo de gasto que solo funciona mientras la economía sonríe. La responsabilidad política consiste, precisamente, en prepararse para el día en que deje de hacerlo. En el Gobierno de Canarias, y en nuestros cabildos y ayuntamientos, hay personas capaces que entienden estos argumentos elementales, porque han vivido coyunturas muy dispares que han supuesto lecciones en sí mismas. Los ciudadanos también lo entienden, porque lo viven a diario en sus empresas y familias. Una cultura de contención, esfuerzo y visión de futuro es tan necesaria ahora como en cualquier otro momento.