Podría haber sido una de las noticias políticas más relevantes para Canarias de este verano. La gravedad de la crisis vivida en Ceuta, con sus implicaciones humanitarias y políticas, tambiénpara las Islas, terminó inevitablemente por desplazarla. Pero el acuerdo alcanzado el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera merece una atención que va mucho más allá de la coyuntura: Canarias ha dado su respaldo a un nuevo modelo de financiación autonómica que mejora sustancialmente los recursos del Archipiélago y, sobre todo, preserva sus singularidades.

La propuesta supone una mejora objetiva para Canarias. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno autonómico, el Archipiélago podría disponer de alrededor de 1.300 millones de euros adicionales cada año. A ello se añade una cuestión fundamental: el blindaje de los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal y que no sean contabilizados para minorar la financiación que corresponde a las Islas dentro del sistema común. El nuevo modelo incorpora además un fondo destinado a equiparar a Canarias con la media de financiación por habitante. No estamos, por tanto, ante una cuestión menor ni ante una discusión exclusivamente partidista. Estamos hablando de recursos para sostener los servicios públicos de una comunidad que durante demasiado tiempo ha ocupado posiciones de cola en la financiación.

Desde esa perspectiva, resulta comprensible el voto favorable del Gobierno de Canarias. Y también resulta reveladora la soledad con la que lo ha emitido. Canarias y Cataluña fueron las únicas comunidades que respaldaron la propuesta del Ministerio de Hacienda. Esa fotografía ha abierto una discrepancia dentro del propio Ejecutivo autonómico, que sus dos socios han tratado de administrar sin convertirla en una crisis de gobierno. Coalición Canaria ha defendido el acuerdo por considerar que beneficia objetivamente a las Islas. El Partido Popular, cuya dirección nacional es contraria al modelo, ha optado en Canarias por una fórmula bastante incómoda: no enfrentarse abiertamente a la decisión del Ejecutivo del que forma parte, pero tampoco asumirla como propia. De ahí la ausencia, ya sin excusas vacacionales, de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en la cita del organismo del que forma parte.

El silencio también constituye una posición política. Y en este caso plantea una pregunta que el Partido Popular de Canarias tendrá que responder tarde o temprano: ¿qué decisión debe prevalecer cuando los intereses de una organización nacional entran en contradicción con una propuesta que, como es el caso, beneficia objetivamente a Canarias? No se trata de exigir al PP canario adhesiones al Gobierno de Pedro Sánchez ni de ignorar las razones, básicamente relacionadas con la financiación de Cataluña, por las que su partido rechaza el modelo para el conjunto de España. Se trata de algo bastante más sencillo. Los partidos que aspiran a representar a Canarias deben ser capaces de explicar qué alternativa ofrecen cuando rechazan una propuesta que mejora los recursos de las Islas y protege las singularidades de su régimen económico y fiscal. La disciplina partidista es legítima; convertirla en un argumento superior al interés general resulta más difícil de justificar.

Coalición Canaria tampoco sale indemne de las contradicciones que subyacen de este episodio. Su respaldo sitúa a los nacionalistas canarios junto a un Gobierno central profundamente debilitado y ante una iniciativa que cuenta con un apoyo político muy reducido. La organización nacionalista deberá administrar esa fotografía y explicar, como siempre ha hecho cuando sus votos han resultado determinantes en Madrid, que su posición no implica adhesión al Ejecutivo central sino defensa de los intereses del Archipiélago. Tampoco va a resultar fácil para CC, dado el grado de deterioro que sufre el Ejecutivo central y el bajo nivel de cumplimiento que denuncian los mismos nacionalistas canarios a lo largo de esta accidentada legislatura. Es una paradoja bastante curiosa: CC ha negociado un buen acuerdo con una mala foto.

Porque existe, además, un enorme asterisco sobre todo lo acordado: que llegue a aprobarse. El Consejo de Política Fiscal y Financiera constituye solamente una etapa de un recorrido político y parlamentario mucho más complejo. El nuevo sistema tendrá que superar el filtro del pleno del Congreso de los Diputados y allí las cuentas distan de estar claras. Al respaldo del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y la diputada deCoalición Canaria no se suma por ahora una mayoría suficiente, y ni siquiera está garantizado el apoyo de Junts, cuyo respaldo resulta imprescindible en el escenario parlamentario actual. El éxito conseguido por Canarias puede terminar así comprometido por la extrema fragilidad de la política española. Es una hipótesis incluso probable.

Conviene, por eso, separar dos debates. Uno es si Canarias hizo bien en respaldar una propuesta que mejora su financiación. La respuesta parece difícilmente discutible: sí. Otro es si el Gobierno de España será capaz de convertir esa propuesta en una realidad. Eso está muy lejos de encontrarse asegurado. Y existe además una tercera discusión que Canarias debería empezar a afrontar sin esperar a que concluya la batalla parlamentaria. Si finalmente llegan esos recursos, ¿qué vamos a hacer con ellos? El Gobierno autonómico ha insistido razonablemente en la necesidad de reforzar los servicios públicos esenciales. Sanidad, educación, dependencia o políticas sociales necesitan recursos suficientes y una comunidad mejor financiada dispone de mayores instrumentos para atenderlos. Pero 1.300 millones adicionales al año obligarían también a elevar el nivel de exigencia sobre la gestión del dinero público. Más financiación no puede significar simplemente más gasto. Debe significar mejores servicios, mayor eficiencia y resultados perceptibles para los ciudadanos. Y quizá convenga recordar otro compromiso. Los partidos que conformaron el actual Gobierno de Canarias concurrieron a las elecciones de 2023 prometiendo una rebaja fiscal de la que apenas hemos vuelto a tener noticias. Una mejora estructural de la financiación autonómica ofrecería una oportunidad para recuperar también ese debate. En un momento marcado por el encarecimiento del coste de la vida y por una dificultad extraordinaria para acceder a una vivienda, aliviar la carga que soportan las familias canarias no debería desaparecer de las prioridades del Ejecutivo.

Canarias tiene ante sí una posibilidad extraordinaria: abandonar las últimas posiciones de la financiación autonómica sin renunciar a las singularidades que reconoce su Régimen Económico y Fiscal. Que esa posibilidad termine convirtiéndose en realidad dependerá ahora de una aritmética parlamentaria extraordinariamente incierta. Mientras llega ese momento, convendría que cada partido respondiera a una cuestión mucho elemental relacionada con sus propios compromisos previos.