El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha abierto una crisis internacional de enorme alcance, con consecuencias todavía difíciles de medir. No solo por el riesgo evidente de una escalada bélica en una de las regiones más inestables del planeta, sino también por las implicaciones políticas, estratégicas y económicas que esta decisión proyecta sobre los países aliados de Washington. Entre ellos, España.
La pregunta no es solo qué ocurre en Oriente Medio. La pregunta es qué papel debe jugar España en este escenario. Y esa cuestión, por su trascendencia, no puede resolverse exclusivamente en los despachos del Gobierno. Debe ser debatida y decidida por el conjunto del país a través de sus instituciones democráticas. Y las disyuntivas que se plantean son claras. Por un lado, la posible utilización de las bases militares estadounidenses situadas en territorio español para operaciones ofensivas contra Irán. Por otro, el envío de unidades navales españolas para participar en acciones defensivas destinadas a proteger a aliados de España en la Unión Europea, como Chipre, o en la OTAN, caso de Turquía, frente a eventuales consecuencias del conflicto en la región.
Son decisiones de enorme relevancia política, militar y moral. Decisiones que afectan directamente a la posición internacional de España, a su seguridad y a su credibilidad como socio en el sistema de alianzas occidentales. Y precisamente por ello merecen algo más que una decisión gubernamental: merecen un debate nacional y una votación en el Congreso de los Diputados. El debate ya está convocado. Falta ahora que se traduzca en una votación clara sobre ambas cuestiones. Porque ese ejercicio parlamentario tiene dos virtudes fundamentales. La primera, legitimar democráticamente decisiones que afectan al país entero. La segunda, permitir que la ciudadanía sepa con exactitud cuál es la posición de cada fuerza política. Sin que nadie pueda esconderse. El presidente canario, Fernando Clavijo, lo ha sugerido con toda claridad.
Esto no quiere que neguemos la capacidad del Gobierno para decidir sobre cuestiones que están en su ámbito de competencia, como es el caso de la política exterior. Sí defendemos que hay decisiones en las que la consulta al cuerpo parlamentario, aunque sin duda conlleve riesgos, es un camino más adecuado para definir una posición de país. En momentos de tensión internacional, la transparencia democrática es más necesaria que nunca. Las guerras, incluso cuando se libran lejos de nuestras fronteras, tienen consecuencias que alcanzan a toda la sociedad. Por eso es sano que nadie pueda esconderse detrás de declaraciones ambiguas o silencios estratégicos. El parlamentarismo existe precisamente para eso: para que cada representante asuma públicamente su posición ante los grandes dilemas que afrontamos.
Es normal que los asuntos de política internacional, y más aún cuando tienen la gravedad de una guerra, generen controversia en el plano de la política interna. Forma parte de la lógica democrática. Pero en medio de esa controversia conviene recordar dos principios que deberían orientar cualquier decisión responsable: la defensa del interés nacional de España y el respeto a nuestros compromisos internacionales. Ambos principios no siempre conducen a la misma conclusión. Y precisamente por eso es necesario analizarlos con rigor. Vamos a intentarlo en estas líneas, que no por humildes renunciar a ser escuchadas en medio del ruido que ha generado la agresión estadounidense e israelí contra Irán.
En lo que respecta a la utilización de las bases estadounidenses en territorio español para operaciones ofensivas contra Irán, conviene recordar un hecho esencial: España no fue consultada ni informada previamente sobre la decisión de iniciar esta guerra. Se trata de una operación militar elegida unilateralmente por Washington y por el Gobierno de Israel. Ese dato no es menor. Porque las alianzas internacionales se sostienen sobre el respeto mutuo y la cooperación, no sobre la imposición. La cesión de infraestructuras estratégicas para una guerra sobre la que España no ha tenido voz ni participación previa no constituye obligación alguna, ni jurídica ni política, para nuestro país.
Otra cosa distinta es la participación en acciones defensivas destinadas a proteger a países aliados frente a posibles repercusiones del conflicto. España forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, dos organizaciones basadas en principios de solidaridad y defensa colectiva. Cumplir con esos compromisos, cuando se trata de proteger a aliados ante amenazas externas, forma parte de las responsabilidades que voluntariamente hemos asumido. Y decimos aliados, no solo amigos, porque eso es lo que son estados como Chipre y Turquía por los compromisos multilaterales antes citados. También somos amigos de Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos, destinatarios ahora del fuego de represalia desde territorio iraní, pero con las monarquías del Golfo no tenemos compromiso alguno de colaboración en su defensa.
Por tanto, no se trata de elegir entre aislamiento o alineamiento incondicional. Se trata de distinguir con claridad entre participar en una guerra que no hemos decidido y cumplir con nuestros compromisos de defensa con aliados que comparten con nosotros un marco institucional y estratégico. Ese es, según nuestro criterio, el lugar de España.
La guerra contra Irán ha sido una elección política del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sumarse sin discusión a esa decisión, simplemente porque procede de Estados Unidos, equivaldría a aceptar una relación de subordinación impropia de una alianza entre países soberanos. Los aliados no son vasallos, es así de simple. Y lo que Trump plantea a España, y el presidente Pedro Sánchez ha rechazado, es una relación de vasallaje. Tenemos la obligación de ser claros en este crucial aspecto.
Expresar discrepancias con un país amigo no constituye una deslealtad. Muy al contrario: forma parte de la relación madura entre socios que se respetan mutuamente. La lealtad en las alianzas internacionales, y añadiríamos que en todas las relaciones humanas, es siempre una calle de doble sentido. Decir no a una guerra no consultada no es romper con un aliado. Es recordar que las alianzas se basan en el respeto recíproco.
Ahora bien, rechazar la agresión militar unilateral contra Irán no significa en absoluto respaldar al régimen político de ese país. La República Islámica iraní es una dictadura teocrática que vulnera sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, y de manera especialmente grave los derechos de las mujeres. Nada de lo que se diga contra esta guerra debe interpretarse como una defensa del régimen iraní. Al contrario: la comunidad internacional debe seguir apoyando las aspiraciones de la sociedad iraní hacia una transición democrática y hacia un sistema político respetuoso con las libertades fundamentales. Oponerse a una guerra innecesaria no implica justificar al adversario. Significa simplemente reconocer que la violencia militar y la barbarie rara vez conducen a la estabilidad y que, con demasiada frecuencia, generan problemas aún mayores que los que pretendía resolver. La historia reciente de Oriente Medio nos ofrece ya demasiados ejemplos.
Además de las consecuencias geopolíticas, esta guerra abre también perspectivas inquietantes en el plano económico. El cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, ya está provocando tensiones en los mercados internacionales del petróleo. Un encarecimiento sostenido del crudo tendría efectos inmediatos sobre la inflación, el transporte y el coste de la energía en Europa. España no sería una excepción. Y tampoco Canarias, si atendemos a cuestiones cruciales como el abastecimiento de mercancías por vía marítima y la llegada de turistas por vía aérea, dos sectores muy sensibles al precio del carburante y la confianza de los mercados emisores en una economía interdependiente. Por eso resulta imprescindible que el debate parlamentario no se limite a las cuestiones militares, sino que incluya también medidas de mitigación económica ante un posible escenario de precios energéticos elevados. Porque las guerras siempre tienen un precio. Y ese precio, por desgracia, no lo pagan solo quienes las deciden.
En este sentido, conviene recordar una regla elemental de la política internacional que formuló el periodista estadounidense Thomas L. Friedman en 2003, durante la guerra de Irak. La llamó la regla de la tienda de cerámica. “La primera regla de cualquier invasión”, escribía Friedman, “es la regla de la tienda de cerámica: si tomas un objeto en tus manos, se te cae al suelo y lo rompes, te pertenece”. La metáfora sigue siendo válida hoy. Si esta guerra desencadena una crisis energética global o una mayor inestabilidad regional, la responsabilidad recaerá inevitablemente sobre quienes decidieron iniciarla. Y en este caso esa responsabilidad tiene nombres y apellidos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Para todo lo que pase a partir de ahora relacionado con la guerra de Irán, no busquemos otros responsables. Porque son ellos.
España no eligió esta guerra. Pero sí puede elegir cómo responder ante ella. Y esa decisión merece algo más que declaraciones prudentes o silencios diplomáticos. Merece un debate abierto y una votación clara en el Congreso de los Diputados. Porque hay momentos en los que un país debe decir con serenidad dónde está y qué principios defiende, incluso cuando esa posición pueda incomodar a aliados poderosos o desafiar inercias internacionales. Nuestra tradición literaria conoce bien ese tipo de situaciones. Cervantes imaginó a un caballero, Don Quijote de La Mancha, que veía gigantes donde otros solo veían molinos. En ese relato inmortal, el hidalgo caballero era tomado por loco. Sin embargo, en medio de sus delirios dejó una de las afirmaciones más lúcidas de la literatura política europea: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”. También lo es para las naciones. La libertad de decidir por sí mismas, de decir sí cuando corresponde y de decir no cuando lo exige la conciencia. Tal vez por eso Don Quijote sigue siendo, cuatro siglos después, una metáfora incómoda. Porque recuerda que la verdadera locura no es enfrentarse a los gigantes del poder, sino callar cuando uno sabe que está diciendo la verdad.