La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, culminada con la detención de Nicolás Maduro en una audaz y exitosa acción de fuerzas especiales de Estados Unidos, ha abierto una grieta profunda en el ya frágil equilibrio del orden internacional. Un ataque directo sobre territorio venezolano, ejecutado sin mandato multilateral y con el objetivo explícito de descabezar al poder político del país, constituye, desde el punto de vista jurídico, una vulneración evidente del Derecho Internacional y de los principios que rigen la soberanía de los Estados. Esto lo tenemos que afirmar de entrada, pero a partir de ahí cabe citar otras consideraciones que se aplican a este caso, al dramático caso de todo un país, nuestra querida Venezuela, secuestrado desde hace años por un régimen dictatorial de una crueldad ciertamente insoportable.
Y sí, se pueden afirmar ambas realidades sin caer en la contradicción, porque en este caso se trata simplemente de una lectura rigurosa de los hechos. En La Gaceta de Canarias nos proponemos precisamente eso, ser respetuosos con los hechos que tenemos delante a la hora de analizarlos.
Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas es inequívoca en la prohibición del uso de la fuerza más allá de los supuestos tasados de legítima defensa o autorización expresa del Consejo de Seguridad de la propia ONU. Nada de eso concurre en este caso. Estados Unidos ha actuado de manera unilateral, arrogándose un papel de juez y ejecutor que en Derecho no le corresponde. Ese hecho, entendido aisladamente, debería suscitar un rechazo por parte de la comunidad internacional.
Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto analizar lo ocurrido sin atender al contexto venezolano. Durante casi veinticinco años, el chavismo, primero triunfante en las urnas allá por 1999 bajo el liderazgo de su fundador, Hugo Chávez Frías, ha ido perdiendo toda su legitimidad a través un régimen autoritario, sostenido en la coacción, la corrupción y la captura sistemática de las instituciones del Estado. El resultado ha sido la destrucción del tejido democrático, el colapso económico y una crisis humanitaria que ha empujado a millones de venezolanos al exilio. Las vías diplomáticas, las sanciones internacionales y los múltiples intentos de negociación fracasaron una y otra vez frente a un poder que solo entendía el lenguaje de su propia y ciega supervivencia política.
Ese fracaso colectivo explica que la intervención estadounidense haya sido percibida por amplios sectores de la sociedad venezolana como la única forma posible de desmontar un sistema tiránico enquistado en el poder. Una operación quirúrgica, centrada en el núcleo del régimen y ejecutada con una exhibición de fuerza limitada, puede ser vista como el mal menor frente a la prolongación indefinida del sufrimiento de todo un pueblo. Reconocer esta realidad no supone avalar la violación del Derecho Internacional, sino asumir que la inacción también tuvo un coste humano y político inmenso del que hemos sido testigos durante años. Eso lo sabemos muy bien en España y sobre todo en Canarias, donde tenemos el relato fiel del sufrimiento de nuestros hermanos de la Novena Isla, víctimas del chavismo y su concepción patrimonialista del poder político y los ingentes recursos de una nación empobrecida.
El verdadero desafío comienza ahora. Las primeras declaraciones del presidente Trump, tras anunciar la detención de Nicolás Maduro y su enjuiciamiento acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, resultan un tanto extrañas y también algo inquietantes. Hablar de gobernar Venezuela con la colaboración de lo que queda del chavismo, mientras se excluye de facto la salida democrática natural -la asunción del poder por parte del presidente que ganó las elecciones de julio de 2024, Edmundo González-, abre un escenario peligroso. Porque la sustitución de una tutela autoritaria interna por una tutela externa no supondría una transición democrática, sino un cambio en la forma de dominación. Esta no debe ser la hora de Delcy Rodríguez, sino del presidente electo, el citado Edmundo González, y también de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y de Leopoldo López, uno más de los héroes que hicieron frente al chavismo con grave riesgo para sus propias vidas. Esas figuras no pueden caer ahora en el olvido.
La recuperación de la democracia en Venezuela no puede desligarse de la voluntad popular expresada en las urnas. Tampoco puede supeditarse a intereses geoestratégicos o económicos. Resulta especialmente preocupante que, en paralelo al discurso de la liberación, se deslicen referencias al control y la gestión de los recursos petrolíferos venezolanos. La democracia no puede ser la coartada para el saqueo. El petróleo de Venezuela pertenece a los venezolanos, y solo ellos, a través de instituciones legítimas y soberanas, deben decidir su futuro. De hecho, la recuperación económica debe ser una prioridad nacional que sin duda precisará de mucha ayuda internacional, pero nunca entendida como una transacción de acuerdo con el modelo que Donald Trump trata de implantar, un modelo nocivo que aventura conflictos en el futuro.
Separar con claridad la defensa de la democracia del control de los recursos naturales es una condición imprescindible para que el proceso que ahora se abre no termine en una nueva frustración histórica. El chavismo utilizó el petróleo como herramienta de poder y corrupción; repetir ese esquema con actores distintos sería una traición más a las expectativas de un pueblo exhausto. Por eso es tan importante la presencia de figuras capaces de liderar, de dar legitimidad a un proceso aún incierto en busca de la estabilidad y la plenitud democrática. Estados Unidos, que ha actuado para deponer a Maduro y ha abierto con ello una puerta a la esperanza, tiene que aprender también de sus propios errores en política exterior, sobre todo en América Latina.
En este contexto, Europa no puede limitarse a contemplar los acontecimientos desde la barrera. Y, en particular, el Gobierno de España tiene la responsabilidad de utilizar su influencia política y diplomática en el seno de la Unión Europea para orientar los acontecimientos en la dirección adecuada: una solución democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano, con verificación internacional y con garantías suficientes para evitar la violencia, las represalias o las imposiciones externas de cualquier tipo. Esa es nuestra misión ahora.
Desde Canarias hay, además, una obligación específica que no puede obviarse. Es imprescindible garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de las instituciones dependientes del Gobierno de Canarias que prestan asistencia a los canarios residentes en Venezuela. En un contexto de incertidumbre política y posible inestabilidad social, proteger a esas comunidades y a los recursos públicos destinados a su atención no es solo una cuestión administrativa, sino un deber moral. Venezuela es mucho más que un país amigo para Canarias. Es una tierra hermana. Fue el lugar que acogió a miles de canarios en los momentos más difíciles de nuestra historia, cuando el hambre, la pobreza y la falta de oportunidades empujaron a generaciones enteras a cruzar el Atlántico. Allí encontraron trabajo, dignidad y futuro. Allí prosperaron y contribuyeron al desarrollo de un país que también hicieron suyo. Los vínculos entre Canarias y Venezuela no son de simple conveniencia: son lazos de fraternidad indisoluble, tejidos con memoria, gratitud y afecto mutuo. Y este vínculo durará para siempre en nuestros corazones.
Venezuela se asoma hoy a un tiempo suspendido entre la esperanza y la incertidumbre. Esperanza por la posibilidad real de dejar atrás un régimen que arruinó la democracia, empobreció al país y forzó al exilio a millones de personas. Incertidumbre por el modo en que se ha producido su caída y por el riesgo de que la liberación derive en tutela, la reconstrucción en imposición y la solidaridad en negocio. El desenlace aún no está escrito. Dependerá de que se respete la voluntad del pueblo venezolano, de que la comunidad internacional actúe con prudencia y de que la democracia no vuelva a ser instrumentalizada. Porque solo si la esperanza logra imponerse a la incertidumbre, Venezuela podrá empezar, por fin, a reconciliarse consigo misma y con su historia.