El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto del encarecimiento del combustible derivado de la guerra en Irán, que incluye por primera vez al transporte marítimo entre la Península y los territorios extrapeninsulares, así como entre islas.

La iniciativa, articulada a través de un real decreto-ley, amplía las ayudas ya vigentes y contempla una dotación adicional de 7 millones de euros para el transporte marítimo, que se suman a los fondos previamente asignados. También se destinan 3,1 millones al transporte ferroviario, en el marco de un refuerzo global de la cadena logística.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó tras la reunión que el objetivo es extender la protección a sectores que habían quedado fuera inicialmente. En sus palabras, “se refuerza la conectividad y se garantiza que estos territorios puedan seguir contando con un sistema de transporte eficiente y competitivo”.

Entre las principales novedades, destaca la creación de un mecanismo para el transporte de mercancías por carretera que obliga a trasladar automáticamente al precio final cualquier variación del combustible superior al 5%. Esta revisión deberá reflejarse de forma explícita en la factura, con el fin de evitar prácticas que impidan repercutir los costes reales.

Además, el decreto establece un régimen sancionador específico para los casos en los que no se cumpla esta obligación. Según el ministro, aunque esta medida ya existía desde 2022, “la realidad ha demostrado que no se hacía de forma generalizada”, lo que perjudicaba a una parte significativa del sector.

El nuevo paquete también incorpora a colectivos específicos, como los eurotaxis o taxis adaptados para personas con movilidad reducida, y adapta las ayudas a territorios con características particulares como Ceuta y Melilla.

Desde el Ejecutivo subrayan que estas medidas son fruto de un “proceso intenso” de diálogo con el sector del transporte y buscan dar una respuesta eficaz en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. “Se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas”, concluyó Puente.