El Tribunal Supremo ha ordenado al Estado compensar a Enagás con 18,6 millones de euros más los intereses correspondientes, debido a los perjuicios ocasionados por los proyectos frustrados de plantas de gas natural licuado (GNL) que se habían previsto en Tenerife y Gran Canaria.
La resolución considera que la actuación administrativa y legislativa del Gobierno, mantenida durante más de veinte años, vulneró el principio de confianza legítima de la empresa.
La sentencia, fechada el 25 de septiembre de 2025 y emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Francisco Javier Pueyo Calleja, da la razón completamente a Enagás en su recurso contra el silencio administrativo del Estado ante su reclamación de responsabilidad patrimonial.
