El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado a la Administración General del Estado abonar 5,34 millones de euros por la construcción irregular de la Biblioteca del Estado en la capital grancanaria. La cuantía fue fijada en 2024 tras acordarse la expropiación del derecho a ejecutar la sentencia que obligaba a derribar el edificio.
El conflicto judicial se remonta a los problemas urbanísticos detectados en la construcción del equipamiento cultural, que durante años ha estado envuelto en recursos y litigios. Con esta compensación económica se evita finalmente la demolición del inmueble, permitiendo mantener en funcionamiento la infraestructura pública.
La resolución pone fin a un largo proceso judicial y evidencia el alto coste económico que pueden tener los errores urbanísticos en proyectos públicos, que en este caso deberán ser asumidos por el Estado.