Decenas de familias que accedieron hace casi dos décadas a viviendas públicas en régimen de alquiler asequible afrontan ahora el desalojo por decisión del propio Gobierno. La Tesorería General de la Seguridad Social, actual propietaria de los inmuebles, ha comunicado a los inquilinos que deberán comprar las viviendas a precio de mercado actual o abandonarlas de forma definitiva.
Los afectados accedieron a estos pisos a través de programas públicos de alquiler impulsados en los años 2000, con contratos renovables y la promesa implícita de estabilidad residencial. Hoy, tras años pagando alquileres regulados, se encuentran ante una disyuntiva imposible: asumir precios inasumibles o perder su hogar.
La medida ha generado una fuerte contestación social y política, al considerar que el Estado actúa como un fondo buitre, agravando la crisis de vivienda mientras expulsa a familias vulnerables sin ofrecer alternativa habitacional.