España no es el país europeo que más recauda, pero el trabajador soporta una carga fiscal muy superior a la media de la OCDE y mayor que en Dinamarca, Países Bajos, Portugal o Reino Unido. La comparación europea abre una pregunta mucho más incómoda: cuánto paga realmente el ciudadano y qué recibe a cambio.

Europa ha construido buena parte de su modelo social sobre un principio aparentemente sencillo: pagar impuestos para financiar sanidad, educación, pensiones, dependencia, seguridad, infraestructuras y protección social. Pero no todos los países cobran igual, ni recaudan de la misma manera, ni colocan el mismo peso sobre trabajadores y empresas. España recauda menos sobre el PIB que Dinamarca, Francia, Italia o Suecia, pero la factura que soporta un asalariado medio es superior a la de Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Irlanda o Reino Unido. El debate, por tanto, ya no puede reducirse a si se pagan muchos o pocos impuestos. La cuestión es cuánto cuesta realmente trabajar, cuánto termina en manos de las administraciones y, sobre todo, qué recibe el ciudadano a cambio.

Diez países y diez maneras de pasar por Hacienda

España no es el país que más impuestos cobra de Europa. Conviene dejarlo claro desde el principio porque los datos no permiten sostener lo contrario. Los últimos registros homogéneos de la OCDE correspondientes a 2024 sitúan la recaudación mediante impuestos y cotizaciones en España alrededor del 36,7% del PIB, por encima del promedio de la organización, pero lejos de las economías europeas con mayor presión fiscal. Dinamarca alcanza aproximadamente el 45,2%; Francia, el 43,5%; Italia, el 42,8%; Suecia, el 41,4%; Países Bajos, el 38,5%, y Alemania ronda el 38%. Portugal se sitúa por debajo de España, alrededor del 35,1%, mientras Reino Unido ronda el 34,4%. Irlanda aparece en otro mundo, con aproximadamente un 21,7%, aunque en su caso el gigantesco peso de las multinacionales sobre el PIB obliga a tratar la comparación con mucha prudencia.

España, por tanto, no lidera la clasificación, pero ésta es solamente la primera fotografía. La presión fiscal explica cuánto consigue recaudar un Estado respecto al tamaño de su economía, pero no explica quién termina pagando esa factura. Y cuando se coloca al trabajador en el centro del análisis, España sube posiciones.

El trabajador español soporta una cuña fiscal del 41,4%

La OCDE utiliza un indicador particularmente revelador: la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total que representa un trabajador para su empresa y la remuneración que finalmente queda disponible una vez contabilizados el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales del empleado y del empresario. Para poder comparar países se utiliza un mismo perfil: trabajador soltero, sin hijos y con salario medio.

En España, esa cuña alcanzó en 2025 el 41,4%, mientras la media de la OCDE fue del 35,1%. Alemania presenta una cifra extraordinariamente elevada, del 49,3%; Francia alcanza el 47,2% e Italia el 45,8%. Sin embargo, Suecia registra un 41,1%; Portugal, un 39,3%; Países Bajos, un 35,9%; Dinamarca, un 35,8%; Irlanda, un 32,6%, y Reino Unido, un 32,4%.

España tiene, por tanto, una cuña fiscal unos 5,6 puntos superior a Dinamarca, 5,5 puntos mayor que Países Bajos, 2,1 puntos superior a Portugal y alrededor de nueve puntos por encima de Reino Unido. La diferencia es sustancial y demuestra por qué afirmar simplemente que España recauda menos que otros países europeos cuenta sólo una parte de la historia.

Dinamarca desmonta el argumento más sencillo

Dinamarca constituye probablemente el ejemplo más sorprendente. Es el país con mayor presión fiscal de la OCDE, aproximadamente el 45,2% del PIB, mientras España recauda el 36,7%. Son unos ocho puntos y medio de diferencia. Sin embargo, la cuña fiscal del trabajador medio danés es del 35,8%, frente al 41,4% español.

La explicación está en la estructura del sistema. Dinamarca descansa extraordinariamente sobre los impuestos generales y especialmente sobre el impuesto personal sobre la renta, mientras las cotizaciones sociales tienen un peso muy reducido. España, Alemania y Francia dependen mucho más de las cotizaciones, y eso cambia completamente la factura del empleo. Una empresa paga por un trabajador bastante más de lo que aparece como salario bruto en su nómina y el empleado recibe finalmente bastante menos. Entre ambas cantidades aparecen impuestos y cotizaciones.

Ésta es una de las grandes claves de la comparación europea. No basta con mirar cuánto recauda un país. Hay que analizar de dónde sale el dinero. Dos Estados pueden obtener cantidades similares respecto al PIB y, sin embargo, repartir la factura de manera completamente diferente entre trabajadores, empresas, consumo, patrimonio o beneficios empresariales.

Alemania: prácticamente uno de cada dos euros

Alemania demuestra que una economía poderosa tampoco implica impuestos reducidos sobre el empleo. Su presión fiscal total ronda el 38%, relativamente próxima a la española, pero su cuña fiscal alcanza el 49,3%. Prácticamente la mitad del coste laboral del trabajador medio utilizado por la OCDE queda comprendida en impuestos y cotizaciones.

A ello se añade una economía que durante los últimos ejercicios ha perdido velocidad y que intenta recuperar su antigua fortaleza industrial mientras afronta problemas energéticos, demográficos y de competitividad. Alemania no puede utilizarse, por tanto, como paradigma de una economía europea de fiscalidad reducida. Especialmente para quien trabaja, su carga es extraordinariamente elevada.

Francia: cobrar mucho no garantiza cuadrar las cuentas

Francia combina una de las mayores presiones fiscales de Europa con una de las mayores cargas sobre el empleo. Recauda aproximadamente el 43,5% del PIB, mientras la cuña fiscal del trabajador medio ronda el 47,2%.

Pero Francia demuestra además que recaudar mucho no garantiza necesariamente unas finanzas públicas equilibradas. El país mantiene un déficit elevado y una deuda pública superior al 110% del PIB, con una trayectoria que continúa preocupando a las instituciones europeas.

La conclusión es sencilla: un Estado puede cobrar muchos impuestos y continuar gastando todavía más. Por eso tampoco puede medirse la eficiencia de una Hacienda exclusivamente por su capacidad para recaudar. Tan importante como cuánto entra es qué se hace posteriormente con ese dinero.

Italia: impuestos elevados, deuda enorme y poco crecimiento

Italia presenta quizá la combinación más preocupante de los grandes países analizados. Su presión fiscal supera el 42% del PIB, la cuña fiscal del trabajador medio alcanza el 45,8% y su deuda pública se mueve alrededor del 137% del PIB. A ello se añade un crecimiento económico muy débil.

Italia demuestra que los impuestos elevados tampoco garantizan crecimiento, competitividad o saneamiento de las cuentas. Se puede recaudar mucho, cargar fuertemente el empleo, acumular una montaña de deuda y crecer poco. Es precisamente una de las grandes enseñanzas que deja esta comparación europea.

España crece más, pero mantiene sus grandes desequilibrios

España presenta actualmente una ventaja que debe reconocerse: su economía crece más que Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, ese crecimiento convive con problemas estructurales que continúan sin resolverse. España mantiene una deuda pública próxima al 100% del PIB, una tasa de desempleo muy superior a las principales economías europeas y una cuña fiscal sobre el trabajo del 41,4%, claramente por encima de la media de la OCDE.

Además, la presión fiscal española ha aumentado durante las últimas décadas. En el año 2000 se encontraba aproximadamente en el 33,1% del PIB y en 2024 alcanzó el 36,7%. Son 3,6 puntos adicionales de PIB. Si se toma como referencia 2010, España aparece además entre los países de la OCDE donde la ratio entre impuestos y PIB ha aumentado en más de cinco puntos.

El Estado obtiene hoy una proporción mayor de la riqueza generada por la economía española. Y ése es el punto en el que la discusión deja de ser únicamente tributaria para convertirse en una cuestión de eficiencia: si el ciudadano entrega progresivamente más recursos, ¿han mejorado en la misma proporción los servicios que recibe?

Portugal empieza a convertirse en un espejo incómodo

Portugal merece una atención especial. Su presión fiscal se encuentra alrededor del 35,1%, por debajo de España, mientras la cuña fiscal del trabajador medio es del 39,3%, también inferior.

Pero lo verdaderamente relevante está en sus cuentas públicas. Portugal ha conseguido reducir considerablemente su deuda durante los últimos años y mantener unas cuentas presupuestarias mucho más equilibradas. No significa que Portugal sea una economía más rica que España, porque no lo es, pero demuestra que un país del sur de Europa, perteneciente al euro y con problemas estructurales históricamente similares puede reducir deuda y ordenar sus cuentas.

España sigue cerca del 100% de deuda pública. Portugal ha conseguido situarse claramente por debajo del 90%. La comparación resulta todavía más interesante porque ambos países comparten moneda, pertenecen a la misma Península y han recorrido durante las últimas décadas trayectorias económicas parcialmente similares.

Países Bajos: recaudar más cargando menos el trabajo

Países Bajos proporciona probablemente una de las comparaciones más incómodas para España. Su presión fiscal ronda el 38,5% del PIB, es decir, recauda proporcionalmente más que España. Sin embargo, la cuña fiscal del trabajador medio es de apenas 35,9%, frente al 41,4% español.

La diferencia supera los cinco puntos. Además, la deuda pública neerlandesa se encuentra muy por debajo del 50% del PIB y su desempleo es sustancialmente inferior al español.

Países Bajos demuestra que es posible obtener una recaudación elevada mediante una estructura fiscal diferente y, al mismo tiempo, cargar proporcionalmente menos el coste del trabajador medio. De nuevo aparece la misma conclusión: no importa únicamente cuánto recauda Hacienda, sino cómo reparte la factura.

Suecia: cobrar más con una deuda mucho menor

Suecia pertenece a la Unión Europea, pero conserva la corona sueca. Su presión fiscal supera el 41% del PIB, notablemente superior a la española, mientras su cuña fiscal laboral, alrededor del 41,1%, es prácticamente idéntica.

Suecia consigue, por tanto, una recaudación agregada bastante mayor sin presentar una cuña superior a la española para el trabajador medio analizado. Y existe otra diferencia fundamental: su deuda pública ronda apenas un tercio de su PIB, mientras España continúa próxima al 100%.

Suecia demuestra nuevamente que el problema no puede resumirse en impuestos altos frente a impuestos bajos. La cuestión es cómo se recauda, cuánto necesita el Estado, cómo administra posteriormente esos recursos y qué servicios consigue devolver.

Reino Unido: nueve puntos de diferencia

Reino Unido no pertenece ya a la Unión Europea y conserva la libra esterlina, pero sigue siendo una de las principales economías del continente y constituye una comparación imprescindible. Su presión fiscal ronda el 34,4% del PIB y la cuña fiscal del trabajador medio se sitúa en apenas 32,4%, frente al 41,4% español.

Son aproximadamente nueve puntos de diferencia.

Eso no convierte automáticamente al sistema británico en mejor. Reino Unido también afronta problemas de productividad, crecimiento, inversión y servicios públicos. Pero demuestra nuevamente que existen maneras diferentes de financiar un Estado desarrollado y que una menor carga sobre el trabajo no obliga necesariamente a renunciar a una economía avanzada.

Irlanda: el paraíso estadístico necesita un asterisco

Irlanda aparece sobre el papel como el gran vencedor fiscal. Su presión fiscal ronda el 21,7% del PIB, la cuña laboral se sitúa en el 32,6% y sus cuentas públicas presentan una posición especialmente favorable.

Sin embargo, el extraordinario peso de las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas infla su PIB y provoca que determinadas ratios resulten difíciles de comparar directamente con España, Francia o Alemania. Por eso no sería correcto afirmar simplemente que el ciudadano irlandés paga quince puntos menos que el español.

Lo que sí permite una comparación mucho más homogénea es la cuña fiscal. Y también ahí Irlanda está claramente por debajo de España.

La verdadera pregunta es cuánto recibimos

Llegados a este punto aparece el auténtico debate. Un ciudadano puede aceptar impuestos elevados, e incluso muy elevados, si dispone a cambio de sanidad, educación, pensiones, dependencia, seguridad, justicia, infraestructuras, transporte público, ayudas familiares, vivienda y una Administración eficiente. Ése es el otro lado del contrato fiscal.

Dinamarca cobra muchísimo, pero mantiene unas cuentas públicas saneadas y una deuda extraordinariamente reducida. Suecia recauda mucho y conserva una deuda equivalente aproximadamente a un tercio de su economía. Países Bajos recauda proporcionalmente más que España y tiene una deuda muy inferior. Portugal ha conseguido reducir considerablemente su endeudamiento. España ha incrementado su presión fiscal y continúa con una deuda próxima al 100% del PIB.

Por eso la comparación no debería hacerse exclusivamente preguntando quién cobra más, sino quién administra mejor cada euro que cobra y qué devuelve al ciudadano.

Hacienda tampoco termina en el IRPF. La empresa paga cotizaciones por contratar, el trabajador paga cotizaciones e IRPF y después, cuando consume, paga IVA o IGIC. A ello se suman impuestos especiales, tributos sobre determinadas propiedades, vehículos, transmisiones y otras operaciones. Las empresas pagan además Sociedades y soportan cargas que terminan formando parte de sus costes.

Por eso la verdadera pregunta para una familia no es cuál es la presión fiscal española sobre el PIB. Es mucho más sencilla: cuánto dinero entra en casa y cuánto queda cuando termina el mes.

España no es el país europeo que más impuestos cobra, pero tampoco es un territorio de fiscalidad reducida, especialmente cuando se analiza el trabajo. El trabajador medio español soporta una cuña fiscal del 41,4%, frente al 35,8% de Dinamarca, el 35,9% de Países Bajos, el 39,3% de Portugal o el 32,4% británico.

Y cuando el Estado se queda con una parte creciente de la riqueza generada, la pregunta deja de ser ideológica para convertirse en algo mucho más sencillo: ¿está recibiendo el ciudadano cada vez más a cambio?

Dinamarca e Italia: cobrar mucho no conduce necesariamente al mismo sitio

Dinamarca representa uno de los ejemplos más claros de que impuestos elevados y unas finanzas públicas saneadas pueden convivir. Su presión fiscal ronda el 45,2% del PIB, la mayor de la OCDE, pero mantiene una deuda pública extraordinariamente reducida, cuentas presupuestarias saneadas y una cuña fiscal sobre el trabajador medio del 35,8%, claramente inferior al 41,4% español. Su caso demuestra que la cuestión no es exclusivamente cuánto cobra un Estado, sino cómo obtiene esos recursos, cómo los administra y qué consigue posteriormente con ellos.

En el extremo contrario aparece Italia. No porque sea una economía pobre —continúa siendo una de las grandes potencias industriales europeas—, sino por la combinación de variables que soporta: presión fiscal superior al 42%, cuña fiscal del 45,8%, deuda pública alrededor del 137% del PIB y un crecimiento muy débil. Italia ofrece así una de las combinaciones más difíciles del continente: impuestos elevados, fuerte carga sobre el empleo, una montaña de deuda y escaso crecimiento.

Francia tampoco puede ignorarse porque su déficit público y la trayectoria ascendente de su deuda plantean interrogantes importantes pese a encontrarse entre los Estados europeos que más recaudan. Europa deja así una enseñanza bastante clara: cobrar muchos impuestos no convierte automáticamente un país en Dinamarca; la eficiencia comienza después de recaudar.

Canarias se juega su escudo fiscal: proteger el REF para que la distancia no termine convirtiéndose en desigualdad

El Régimen Económico y Fiscal no es un privilegio, sino el instrumento histórico con el que las Islas intentan compensar una lejanía, una fragmentación y unos sobrecostes que hacen prácticamente imposible competir en igualdad absoluta con el continente

Canarias no puede entrar en la comparación fiscal española como una comunidad autónoma más porque no parte de las mismas condiciones. El Archipiélago se encuentra a más de mil kilómetros del continente europeo, tiene ocho islas habitadas, mercados fragmentados, una enorme dependencia del transporte marítimo y aéreo y sobrecostes que afectan tanto al ciudadano como a las empresas. Esa realidad explica la existencia del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), cuya función no consiste en proporcionar un privilegio a las Islas, sino en intentar aproximarlas a unas condiciones de igualdad que, por pura geografía, resultan prácticamente imposibles de alcanzar plenamente.

Ésa es precisamente la razón por la que proteger el REF debería constituir una cuestión estratégica para Canarias. Cada modificación fiscal estatal o europea que ignore las singularidades del Archipiélago puede reducir la capacidad compensatoria de un instrumento que existe precisamente porque Canarias no puede competir en las mismas condiciones que Madrid, Barcelona, Valencia, París, Ámsterdam o Berlín. El REF intenta corregir una desigualdad de partida, no crearla.

La manifestación más conocida de esa singularidad aparece en el consumo. Mientras el tipo general del IVA en Península y Baleares es del 21%, el tipo general del IGIC es del 7%. Son catorce puntos de diferencia que responden precisamente a esa necesidad de compensación. Canarias cuenta además con tipos reducidos, incrementados y un tipo cero para determinados productos y operaciones. Sin embargo, reducir toda la fiscalidad canaria al 7% del IGIC sería profundamente engañoso porque el contribuyente de las Islas soporta también IRPF, cotizaciones sociales y diferentes impuestos autonómicos y estatales.

El trabajador canario paga IRPF mediante una combinación del tramo estatal y de la escala autonómica aprobada por Canarias, mientras trabajadores y empresas soportan las cotizaciones sociales estatales igual que en el resto de España. Éste es un elemento especialmente importante dentro del reportaje porque la singularidad fiscal canaria no elimina la elevada cuña fiscal española sobre el trabajo. El IGIC es diferente, pero las cotizaciones sociales que afectan a empresas y empleados son esencialmente las mismas.

Canarias dispone además de figuras tributarias como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones, aunque en este último existen importantes bonificaciones en determinados supuestos y grados de parentesco. A ello se añaden tributos específicos relacionados con combustibles y labores del tabaco y una figura especialmente singular del sistema canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), concebido fundamentalmente para proteger determinadas producciones locales frente a las importaciones.

Las propias cuentas autonómicas demuestran la dimensión de la Hacienda canaria. Los Presupuestos de Canarias para 2026 contemplan aproximadamente 2.602 millones de euros procedentes de impuestos directos y otros 2.336 millones de impuestos indirectos, lo que supone alrededor de 4.938 millones de euros entre ambos capítulos. Dentro de la imposición directa, la tarifa autonómica del IRPF representa aproximadamente 2.348 millones, mientras Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aportan en torno a otros 501 millones dentro de la tributación indirecta. A ello se añaden los recursos derivados del REF y la participación autonómica correspondiente al IGIC y al AIEM.

Por tanto, tener un IGIC general del 7% no significa vivir en un territorio de impuestos mínimos. Canarias tiene una estructura fiscal singular, pero esa singularidad convive con buena parte de la tributación estatal y con las cotizaciones sociales. Precisamente por eso el REF adquiere todavía más importancia: constituye una de las herramientas capaces de introducir una compensación frente a unos costes estructurales que el sistema tributario general no contempla por sí mismo.

La AIReF calcula, además, que las medidas tributarias adoptadas por Canarias tendrán en 2026 un efecto neto de aproximadamente 67 millones de euros adicionales de ingresos. El dato necesita una explicación porque no representa una subida lineal de 67 millones sobre todos los contribuyentes. El cálculo combina la desaparición de determinadas rebajas temporales y modificaciones relacionadas con combustibles, tabaco y algunos supuestos de IGIC con reducciones permanentes en otros ámbitos, entre ellos determinados cambios en IRPF, Transmisiones Patrimoniales y el propio IGIC. Existen subidas y rebajas, pero el resultado agregado esperado es un incremento de la recaudación.

El REF, sin embargo, va mucho más allá del IGIC. Instrumentos como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros incentivos fiscales vinculados a la inversión empresarial persiguen compensar las dificultades de captar capital, generar actividad y competir desde un territorio alejado del continente. No son elementos accesorios del modelo económico canario. Constituyen una parte fundamental de su arquitectura.

Y precisamente por ello cualquier debilitamiento del REF debe analizarse con especial cautela. Una modificación aparentemente pequeña puede tener consecuencias diferentes en un territorio continental y en un archipiélago situado en la periferia geográfica de Europa. La defensa del REF no debería depender únicamente del Gobierno canario de turno ni convertirse en un arma política entre administraciones. Forma parte de una singularidad reconocida precisamente porque existe una desventaja estructural permanente.

Pero proteger el REF también obliga a hacerse otra pregunta: ¿está llegando toda esa singularidad fiscal al ciudadano? La respuesta no puede obtenerse mirando únicamente los tipos tributarios. El IGIC general es del 7% frente al IVA peninsular del 21%, pero un producto no tiene necesariamente que ser catorce puntos más barato en las Islas. Sobre su precio intervienen el transporte, el almacenamiento, la distribución, los márgenes comerciales, el AIEM cuando corresponda, la competencia existente y los sobrecostes propios de un mercado insular y fragmentado.

Ahí está probablemente una de las investigaciones económicas más interesantes que puede hacerse en Canarias. Si determinados productos, alimentos, carburantes o servicios terminan acercándose a precios peninsulares pese a la diferencia fiscal, hay que determinar dónde se absorbe esa ventaja. Puede encontrarse en el transporte, la logística, los márgenes, la falta de competencia, otros impuestos o una combinación de todos ellos. Lo importante es identificarlo porque el objetivo último de la singularidad fiscal no debería ser simplemente recaudar de manera diferente, sino compensar efectivamente el coste adicional de vivir y producir en Canarias.

El REF nació precisamente de esa realidad y continúa teniendo sentido por la misma razón. Un empresario canario no puede colocar físicamente sus productos en Madrid o Berlín con los mismos costes que una empresa situada en el continente. Una familia residente en una isla no dispone de las mismas alternativas de transporte ni de mercado que otra situada en una gran área continental. Canarias tampoco puede eliminar por decreto los costes derivados de su distancia, fragmentación y dependencia logística. Lo que sí puede hacer es intentar compensarlos.

Ése es el verdadero significado económico del REF y también la razón por la que Canarias necesita protegerlo. No garantiza la igualdad con el resto de España y Europa porque esa igualdad absoluta es prácticamente imposible, pero constituye el principal mecanismo para intentar acercarse a ella. Debilitarlo significaría ampliar una distancia que no es política ni ideológica, sino geográfica y económica.

Por eso el debate fiscal canario no debería limitarse a celebrar que el IGIC sea del 7% ni a contabilizar cuánto recauda cada año la Hacienda autonómica. La verdadera prueba está en comprobar si el REF consigue atraer inversión, sostener empresas, crear empleo, compensar sobrecostes y preservar poder adquisitivo. Si cumple esos objetivos, estará haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Si la ventaja se pierde por el camino, habrá que averiguar dónde.

En el gran debate europeo sobre cuánto paga el ciudadano y cuánto recibe, Canarias tiene así una pregunta adicional y propia. El Archipiélago necesita un REF fuerte no para vivir mejor que los demás, sino para intentar que vivir lejos no signifique necesariamente vivir en peores condiciones que los demás. Ésa es la singularidad que Canarias necesita proteger.