El Gobierno ha decidido extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, según recoge el último Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida, de carácter extraordinario y temporal, vuelve a prorrogarse un año más, prolongando una política que nació como respuesta a la pandemia y que encadena ya sucesivas ampliaciones.
La norma permite a los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica paralizar procedimientos judiciales incluso en casos de impago de rentas o finalización de contratos, siempre que acrediten no disponer de otra vivienda. La suspensión afecta tanto a juicios verbales como a lanzamientos ya señalados, que quedan automáticamente congelados.
La nueva prórroga acentúa la inseguridad jurídica denunciada por propietarios y pequeños arrendadores, que ven limitado su derecho a recuperar la posesión de sus viviendas, mientras el Ejecutivo insiste en mantener el escudo social ante la falta de alternativas habitacionales suficientes.