El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, firmó este sábado 5 de septiembre de 2026 una orden mediante la cual el Ejecutivo asume el control de una zona del puerto de Ceuta. La medida autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones a utilizar de forma temporal 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, situados en la Ampliación de Poniente (Fase I), para habilitar instalaciones de atención humanitaria.

Según fuentes del ministerio, la decisión se ampara en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que permite intervenir cuando concurren razones de interés general vinculadas a la gestión de una situación de interés para la Seguridad Nacional. El objetivo es instalar, con carácter provisional hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable), carpas y otros espacios destinados a zonas de descanso, enfermería, dispensario, atención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. Estas instalaciones estarían pensadas para albergar a más de un millar de personas.

La medida llega después de que el viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por el Gobierno de la ciudad autónoma, rechazara por 11 votos a 4 la solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones. El órgano alegó que la ocupación resultaba incompatible con la normal explotación del puerto. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se opuso a ceder el espacio a última hora, pese a que previamente se había avanzado en negociaciones en el marco del mando único y del Consejo de Seguridad Nacional.

Desde Transportes se justifica la intervención por la “excepcionalidad de la situación” en la ciudad tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. Las cifras de personas que permanecen en Ceuta varían según la fuente: el Gobierno central las situó a finales de agosto en torno a 5.000, mientras que el Ejecutivo local hablaba a principios de septiembre de entre 8.000 y 9.000, y algunas organizaciones elevan la estimación.

La zona elegida se encuentra en un área más alejada de los núcleos de población. La decisión ha generado rechazo entre vecinos de barriadas cercanas y sectores empresariales, que han expresado su preocupación por el impacto en el entorno. En paralelo, se han producido otros traslados, como el de casi 300 menores desde un polideportivo a instalaciones en El Tarajal.