El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria (CC) y el PP, ha remitido al Ejecutivo central una propuesta de real decreto ley que prohíbe comprar viviendas en el archipiélago a quienes no acrediten diez años de empadronamiento en las islas, o quince si la residencia ha sido discontinua, con independencia de su nacionalidad.

El borrador de la denominada ‘Ley para garantizar el acceso a la vivienda a los residentes en Canarias’, al que ha tenido acceso EFE, establece además que cada ciudadano podrá adquirir un máximo de dos viviendas, siempre que se encuentren en municipios diferentes. En el caso de las personas jurídicas, como empresas o sociedades de inversión, la compra solo estará permitida si su objeto social contempla la venta o el alquiler de los inmuebles a personas físicas.

La propuesta incluye consecuencias para quienes incumplan estas condiciones: las compraventas realizadas sin cumplir los requisitos de residencia serían «nulas de pleno derecho» y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad. La misma nulidad se aplicaría a las adquisiciones empresariales que no se ajusten a los fines establecidos en la norma. Las transmisiones por herencia quedarían excluidas de estas restricciones.

El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ha trasladado el texto al Gobierno de España como parte de los compromisos acordados entre Coalición Canaria y el PSOE para que los nacionalistas respaldaran el primero de los decretos ‘Maricarmen’, que estableció límites a los desahucios de personas vulnerables.

La iniciativa pretende responder a las dificultades de acceso a la vivienda en el archipiélago, donde, según los datos que maneja el Gobierno autonómico, aproximadamente un tercio de las viviendas que cambian de propietario pasan a manos de ciudadanos extranjeros. Una parte de estos inmuebles acaba destinada al alquiler vacacional.

El Ejecutivo canario sostiene que la reducida superficie de las islas y la fragilidad de su biodiversidad limitan la disponibilidad de suelo y condicionan la oferta residencial. A ello añade el efecto de la gentrificación provocada por la adquisición de viviendas para usos distintos de la residencia habitual, una dinámica que, según la exposición de motivos, desplaza a la población local y dificulta que pueda comprar una casa.

«Esta realidad hace necesario adoptar medidas que garanticen el acceso de los residentes a las viviendas existentes y a las que se construyan», argumenta el documento.

Para defender la viabilidad jurídica de la propuesta, el Gobierno autonómico ha optado por vincular las restricciones al tiempo de residencia y no a la nacionalidad de los compradores, en un intento de sortear las limitaciones derivadas de los tratados europeos sobre la libre circulación de personas y capitales. El texto invoca también el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce particularidades a las regiones ultraperiféricas.

«El régimen de garantía de acceso que establece esta norma es la vía más adecuada para la consecución de los fines perseguidos, sin que incurra en discriminación por nacionalidad, puesto que cualquiera que resida en las islas podrá acogerse a este mecanismo, pudiendo, entre tanto, vivir en ellas en régimen de alquiler o cualquier otra modalidad de ocupación temporal de vivienda», recoge la exposición de motivos.

El documento añade que el límite de dos inmuebles busca impedir que la condición de residente se convierta en una ventaja que exceda el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda «digna y adecuada».

La propuesta llega después de que el Gobierno de Clavijo haya mantenido contactos con la Comisión Europea durante la legislatura para explorar fórmulas que permitan limitar las compras de viviendas en Canarias, una posibilidad que inicialmente chocaba con las garantías comunitarias de libre circulación.

El Ejecutivo autonómico plantea, además, una segunda reforma legislativa, esta vez de la Ley de Bases de Régimen Local, para ampliar las competencias municipales en materia de vivienda y turismo.

Entre las medidas propuestas figura la posibilidad de que los ayuntamientos prohíban comprar o alquilar viviendas en sus municipios a ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que no acrediten al menos dos años de residencia local. La categoría incluiría a los ciudadanos británicos, procedentes del principal mercado emisor de turistas hacia Canarias.

La reforma también permitiría a los consistorios establecer tasas turísticas sobre «pernoctaciones, hospedaje o estancias en alojamientos turísticos a las personas no residentes», así como prohibir el alquiler vacacional en determinadas zonas de sus respectivos municipios.