La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha manifestado este lunes su rechazo a la decisión de la Delegación del Gobierno en el archipiélago de que la Policía Canaria asuma en exclusiva, a partir del 1 de febrero, los traslados de menores con medidas judiciales, al considerar que dicha medida vulnera los mecanismos legales de cooperación entre administraciones.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la Delegación del Gobierno notificó esta decisión por carta el pasado 21 de enero, estableciendo que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) pasará a asumir estas competencias de forma exclusiva, una actuación que la Consejería califica como un acto unilateral.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió la medida alegando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido realizando estos traslados durante los últimos años de manera provisional, a la espera de que la Policía Canaria contara con los recursos necesarios. “Hemos sido muy pacientes”, afirmó, recordando que han transcurrido casi dos años sin que se produjera una asunción efectiva de estas funciones por parte del cuerpo autonómico.
No obstante, el Gobierno canario sostiene que la decisión adoptada contraviene el marco jurídico vigente, al no haber sido tratada ni acordada en la Junta de Seguridad de Canarias, órgano competente para establecer los mecanismos de cooperación entre administraciones en materia de seguridad. A su juicio, la medida supone además una vulneración de acuerdos previos alcanzados en este foro en el año 2019.
En el comunicado, la Consejería subraya que no puede compartir el cese de los traslados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir del 1 de febrero, al considerar que no se dan actualmente las condiciones materiales necesarias para que el Cuerpo General de la Policía Canaria pueda asumir estas funciones con plenas garantías.