El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado una modificación de la Ley ELA al considerar que las condiciones para acceder al complemento de dependencia extrema, conocido como grado III+, dificultan que las personas con menos recursos puedan beneficiarse de esta ayuda. Según la Consejería de Bienestar Social, ningún solicitante ha podido obtener hasta ahora esta prestación en la comunidad autónoma.

El principal problema radica en que la normativa exige acreditar previamente el pago de servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio por un mínimo de 4.890 euros mensuales, una cantidad que muchas familias no pueden asumir. Desde el Ejecutivo canario sostienen que esta condición resulta contradictoria, ya que quienes necesitan la ayuda suelen carecer precisamente de esos recursos económicos.

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, recordó que Canarias ya incorporó el grado III+ a su normativa autonómica, aunque señaló que los criterios de acceso dependen del Estado y limitan la capacidad de actuación de la comunidad.