El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa histórica de 64 millones de euros a Airbnb por permitir la publicación masiva de anuncios de viviendas turísticas sin licencia, una práctica que el Ejecutivo considera publicidad engañosa y desleal y que ha contribuido, según el Gobierno, a agravar la crisis de acceso a la vivienda en España .
La sanción, una de las más elevadas jamás impuestas a una plataforma digital en España, se basa en la existencia de más de 65.000 anuncios irregulares, muchos de ellos sin número de registro obligatorio o con datos falsos, incumpliendo la normativa autonómica y estatal sobre alquiler turístico .
Consumo sostiene que Airbnb no puede escudarse en su papel de intermediario digital cuando obtiene beneficios directos de anuncios ilegales que distorsionan el mercado, expulsan a residentes y tensionan los precios del alquiler, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades .
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy considera probado que la plataforma ignoró requerimientos previos, permitió la reincidencia y obstaculizó la labor inspectora, lo que ha elevado la cuantía de la sanción hasta un nivel “ejemplarizante” .
Airbnb ha anunciado que recurrirá la multa ante los tribunales, aunque la resolución administrativa obliga ya a la retirada inmediata de los anuncios ilegales y marca un antes y un después en la ofensiva del Estado contra el descontrol del alquiler vacacional.
Un aviso a todo el sector
Asociaciones de consumidores califican la sanción como un “aviso a navegantes” para las plataformas digitales que operan al margen de la ley. El Gobierno avisa: quien haga negocio con viviendas ilegales pagará el precio, incluso si es un gigante tecnológico .
