El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una de las reformas más sensibles de la legislatura: cambiar la forma en la que se mueven los ciudadanos. La futura Ley de Movilidad Sostenible no es una norma más. Es un giro estructural que afecta al día a día, a los hábitos y, sobre todo, a la libertad de desplazamiento en las Islas.
La iniciativa, impulsada desde el área de Transportes que dirige María Fernández, introduce fórmulas como el transporte a demanda, refuerza el peso del transporte público y plantea reducir el uso del coche privado. Un modelo que busca eficiencia, pero que también abre un debate de fondo: quién decide cómo se mueve el ciudadano.
Fuentes consultadas por este diario coinciden en que el planteamiento “es de futuro y necesario”, pero advierten de que requiere consenso real y adaptación territorial. La idea, que parte con impulso desde el ala del Gobierno con mayor peso en Gran Canaria, necesita el aval de los cabildos para poder desplegarse en un territorio fragmentado y con realidades muy distintas.
Ahí está la clave política. Porque sin los cabildos, la ley no tiene recorrido. Y porque el cambio que se plantea no es menor: supone pasar de un modelo basado en la iniciativa individual —el coche propio— a otro más planificado, donde el sistema público gana protagonismo.
En ese tránsito aparece el elemento más sensible: la percepción de pérdida de independencia e intimidad en los desplazamientos. Sistemas a demanda, planificación digital y menor margen de decisión individual generan inquietud en parte de la sociedad y obligan al Ejecutivo a medir cada paso.
El Gobierno es consciente de que no se enfrenta solo a una reforma técnica, sino a un debate social de gran calado. Por eso, la hoja de ruta pasa por negociar, modular y ajustar una ley que, de salir adelante, marcará un antes y un después en Canarias.