Guardia Civil, Policía Nacional y gran parte de las Fuerzas Armadas continúan sin el reconocimiento oficial de “profesión de riesgo” en España, una reivindicación histórica de sindicatos y asociaciones que vuelve a reabrirse tras el aumento de agresiones, la presión del narcotráfico y las últimas muertes de agentes en operativos especiales.
Los colectivos denuncian que, pese a trabajar en situaciones de alta peligrosidad, el Gobierno central sigue retrasando una medida que permitiría acceder a jubilaciones anticipadas, mejores coberturas laborales y mayores garantías sociales. Mientras tanto, policías autonómicas como Mossos d’Esquadra o Ertzaintza sí cuentan con ventajas vinculadas a esa consideración profesional.
El Ejecutivo defiende que el asunto requiere estudios técnicos y una compleja tramitación jurídica. Interior y Seguridad Social sostienen que la legislación obliga a justificar oficialmente niveles concretos de penosidad, siniestralidad y riesgo laboral antes de conceder coeficientes reductores para la jubilación.
Sin embargo, detrás del bloqueo aparece también un importante componente económico. Reconocer esta condición a Policía Nacional, Guardia Civil y militares afectaría potencialmente a más de 200.000 efectivos y tendría un fuerte impacto sobre el sistema público de pensiones y las cotizaciones sociales.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales acusan además al Gobierno de mantener un “agravio comparativo” respecto a otros cuerpos de seguridad y denuncian que las iniciativas parlamentarias han sido retrasadas o prorrogadas durante años.
La presión se ha intensificado especialmente tras los últimos episodios ligados al narcotráfico y a la violencia contra agentes. Interior ha abierto recientemente una mesa técnica para estudiar posibles avances, aunque por ahora sigue sin existir una fecha concreta para que Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas obtengan el reconocimiento oficial como profesión de riesgo.
Las cinco claves del bloqueo
• El coste sería enorme
El principal temor del Gobierno es económico. Permitir jubilaciones anticipadas a policías, guardias civiles y militares dispararía el gasto en pensiones y obligaría además a reforzar plantillas con nuevas incorporaciones.
• Más de 200.000 afectados
La medida impactaría sobre un enorme volumen de efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que multiplica el coste presupuestario.
• Miedo al “efecto dominó”
Moncloa teme que otros colectivos públicos reclamen el mismo trato: funcionarios de prisiones, emergencias, vigilancia aduanera o sanitarios, entre otros.
• Seguridad Social exige informes técnicos
El Gobierno sostiene que la peligrosidad no basta y que la ley obliga a demostrar índices concretos de mortalidad, enfermedades profesionales o penosidad laboral.
• La presión política crece
Las asociaciones policiales denuncian discriminación respecto a policías autonómicas y consideran que el Ejecutivo lleva años retrasando una decisión que afecta directamente a la seguridad y protección de los agentes.