El Gobierno central ha anunciado una subida de hasta el 7% en las pensiones mínimas contributivas de cara a 2026, una medida presentada como un refuerzo del escudo social que, sobre el papel, alcanzará a unos 97.000 pensionistas en Canarias. Sin embargo, el impacto real de la revalorización genera más dudas que entusiasmo en una comunidad donde las pensiones figuran entre las más bajas del país y el coste de la vida sigue tensionando los bolsillos.
La subida se aplica a las pensiones mínimas contributivas —jubilación, viudedad e incapacidad con complemento a mínimos—, un colectivo numeroso en las islas debido a décadas de salarios bajos y carreras laborales fragmentadas. Para estos beneficiarios, el incremento supone algunos euros más al mes, pero difícilmente compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación, el encarecimiento de la cesta de la compra y el aumento de los precios de la vivienda y la energía.
Además, la medida no introduce ningún factor corrector específico para territorios como Canarias, donde la lejanía, la dependencia exterior y los sobrecostes estructurales siguen sin reflejarse en las políticas estatales.
Así, mientras el Ejecutivo pone el acento en el porcentaje, muchos pensionistas canarios se preguntan si esta subida es un verdadero avance social o, una vez más, un gesto insuficiente maquillado de éxito.