El Ingreso Mínimo Vital continúa creciendo en Canarias. Los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social sitúan en torno a 43.000 las prestaciones activas en las Islas, que alcanzan ya a más de 105.000 beneficiarios, con una cuantía media cercana a los 500 euros mensuales por hogar. El número de prestaciones ha aumentado alrededor de un 15% en el último año, en línea con el crecimiento que también experimenta esta ayuda en el conjunto de España.

A escala nacional, el IMV llegó en septiembre a 905.792 hogares y 2.761.686 personas, con una nómina mensual cercana a los 479 millones de euros. El Gobierno defiende la prestación como una herramienta destinada a combatir la pobreza y garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables.

Sin embargo, el incremento de perceptores vuelve a situar sobre la mesa otro debate: la capacidad real del sistema para conseguir que quienes reciben la prestación puedan abandonar progresivamente la ayuda a través del empleo. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de problemas en este ámbito y reclama cambios en los incentivos laborales asociados al IMV.

El riesgo de convertir una red de protección en una situación permanente

Los datos de la AIReF muestran que la permanencia en el Ingreso Mínimo Vital es elevada: el 46% de los hogares continúa cobrando la prestación cinco años después de haber accedido a ella, mientras que la tasa media de salida se sitúa en apenas el 1,4% mensual.

La institución también concluye que el IMV reduce la participación laboral de sus beneficiarios y que el actual incentivo al empleo no está funcionando de manera eficaz para corregir ese efecto. Por ese motivo plantea una reformulación completa del sistema que haga más atractivo incorporarse al mercado laboral o aumentar la jornada de trabajo.

Estos datos alimentan el debate sobre el riesgo de generar dependencia económica prolongada de las administraciones y sobre lo que políticamente algunos sectores califican como clientelismo. Los informes disponibles no permiten afirmar que exista clientelismo como hecho probado, pero sí reflejan una elevada permanencia en la prestación y dificultades para que una parte de los perceptores transite hacia el empleo. El gran reto del IMV pasa, por tanto, por mantener su función como red de protección sin que termine convirtiéndose en una situación estructural para miles de hogares.