El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia tras la conclusión de los informes finales de las defensas, que han solicitado de forma unánime la absolución de los once acusados.

En la recta final de la vista, varios de los encausados hicieron uso de su derecho a la última palabra. Entre ellos, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que optó por defender su actuación y cuestionar el procedimiento judicial. En su intervención, afirmó que «la única culpabilidad» de los acusados es «no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares», integradas por PP, Vox y HazteOir.

Gallardo, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sostuvo además que las acusaciones han promovido un «juicio mediático paralelo» y aseguró que «han ganado el juicio socialmente».

También intervinieron otros implicados en la causa, como el exdiputado provincial de Cultura Francisco Martos, el actual responsable del área Ricardo Cabezas, el director Manuel Candalija y el funcionario Félix González, quienes defendieron la legalidad de sus actuaciones y denunciaron el impacto personal del proceso.

Félix González afirmó que «el calvario que he pasado», en referencia al procedimiento judicial y mediático, «no me lo merezco», unas palabras que fueron respaldadas por Candalija, quien criticó el «acoso mediático» sufrido por los implicados.

En la misma línea, Martos y Cabezas defendieron la labor de la institución provincial en materia cultural y expresaron su desconcierto por su presencia en el banquillo. «Me veo aquí (en el banquillo de los acusados) y no lo acabo de entender», señaló Martos ante el tribunal.

Durante los informes finales, las defensas coincidieron en señalar la falta de pruebas de cargo. El abogado de Luis Carrero, amigo de David Sánchez y adjudicatario del puesto de jefe de actividades transfronterizas, sostuvo que las actuaciones que se le atribuyen solo pueden conducir a una resolución absolutoria.

Carrero, que fue el único candidato al puesto —que ocupó entre enero de 2024 y junio de 2025—, se enfrenta a una petición de hasta un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación por parte de las acusaciones populares.

Su letrado calificó de «actuación temeraria» la estrategia de las acusaciones y la situó en un plano «político mediático», al considerar que no existen elementos incriminatorios suficientes.

Por su parte, el abogado de Ricardo Cabezas también criticó las tesis de las acusaciones populares, a las que acusó de construir «discursos imaginativos» y «novelas policiacas» sin sustento probatorio.

En su informe, defendió además la actuación de la Fiscalía, que ha solicitado la absolución de todos los procesados, y cuestionó la existencia de indicios reales de delito. «Sigo sin saber de qué tengo que defender a mi cliente», afirmó, al señalar que su representado apenas aparece en uno de los miles de correos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO).

El tribunal deberá ahora deliberar y dictar sentencia tras la finalización de una vista marcada por la ausencia de acuerdo entre las acusaciones populares y las defensas, que insisten en la inexistencia de pruebas suficientes para sostener los delitos imputados.