El sueño mundialista de Gran Canaria ha encontrado su primer muro antes de colocar la primera piedra. La reforma del Estadio de Gran Canaria, llamada a transformar Siete Palmas para recibir el Mundial de 2030, se ha quedado sin empresas interesadas: ni una sola constructora presentó oferta al concurso público de 174,7 millones de euros.

El expediente abre ahora un escenario incómodo para el Cabildo y el Instituto Insular de Deportes: volver a encajar los números, los plazos y las condiciones de una obra que sobre el papel era viable, pero que el mercado ha rechazado. El caso vuelve a poner encima de la mesa un problema habitual en las administraciones: proyectos diseñados desde los despachos con cálculos técnicos que después chocan con la realidad de costes, materiales, personal y ejecución.

Las constructoras han señalado varios obstáculos: el presupuesto ajustado, la complejidad de trabajar en un estadio en uso, los plazos para llegar a 2029 y las exigencias de una infraestructura que debe cumplir los requisitos FIFA. La reforma no es una obra menor: implica elevar el aforo hasta unos 42.000 espectadores, nueva cubierta, modernización tecnológica y una transformación completa del recinto.

El Cabildo insiste en que hay margen para llegar a tiempo y ya analiza la vía del procedimiento negociado para desbloquear el proyecto. Incluso la UD Las Palmas se ha mostrado abierta a jugar temporalmente fuera del estadio si eso permite acelerar los trabajos.

El reloj del Mundial ya corre. Gran Canaria tiene sede, tiene proyecto y tiene ambición; ahora necesita que los números de la administración coincidan con los números de quienes tienen que levantar la obra.