Los gobiernos de Canarias y Euskadi han reclamado al Ejecutivo central que convoque a las comunidades autónomas para explicar cómo se aplicará el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio. Ambos territorios consideran que existe una falta de información y coordinación ante un escenario que prevén especialmente complejo para las regiones fronterizas.

La petición se produjo durante la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida de Personas Migrantes en Tránsito de Euskadi, celebrada este viernes en Irún y en la que participaron representantes de ambos ejecutivos autonómicos. Canarias acudió como frontera sur de las rutas migratorias procedentes de África, mientras Euskadi reivindicó su condición de frontera norte de tránsito hacia Europa.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, mostró su inquietud por la proximidad de la entrada en vigor del pacto europeo y por el contexto internacional, marcado por el agravamiento del conflicto armado en Malí. Según explicó, la situación en el Sahel está provocando desplazamientos migratorios internos en África y también salidas hacia Canarias.

Caraballo advirtió de que las rutas migratorias están desplazándose más al sur, especialmente hacia Gambia y Senegal, lo que supone travesías más largas y peligrosas para quienes intentan llegar al archipiélago. Además, señaló que el Ejecutivo autonómico maneja información que apunta a un posible aumento de la llegada de cayucos durante las próximas semanas.

El representante canario criticó que, a poco más de un mes de la entrada en vigor del acuerdo europeo, las comunidades autónomas continúan sin conocer los detalles de su implementación. “Ni el Gobierno vasco lo sabe, ni el Gobierno de Canarias lo sabe y mucho nos tememos que el Gobierno de España tampoco”, afirmó.

En este sentido, recordó que recientemente mantuvo contactos con la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea y aseguró que el encuentro dejó “más dudas que certezas”. Entre las incógnitas citó la falta de protocolos claros, la ausencia de información sobre los centros que se utilizarán para aplicar el reglamento de triaje o la incertidumbre sobre los recursos económicos que sostendrán el sistema.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil, aseguró que las comunidades autónomas son las que asumirán la presión sobre servicios públicos esenciales. “El Estado nos tiene sumidos en el mayor de los desconocimientos y lo único que tenemos es preocupación porque son los territorios de las comunidades los que vamos a ver tensionados los servicios sanitarios y educativos”, señaló.

Candil sostuvo además que “las comunidades no pueden estar al margen de la puesta en marcha de este acuerdo” y expresó su rechazo a que los territorios fronterizos se conviertan en espacios permanentes de retención de migrantes. “Lo que sí parece evidente es que se van a endurecer las políticas migratorias de Europa y que se quiere utilizar a Canarias y a los territorios fronterizos como centros en los que se retenga y detenga a los migrantes y eso no lo vamos a permitir”, declaró.

Durante el encuentro, el Gobierno Vasco puso en valor la experiencia de Canarias en la gestión migratoria y defendió que Euskadi sea reconocida formalmente como frontera norte. La consejera vasca Nerea Melgosa afirmó que “Canarias representa la frontera sur y Euskadi representa, de facto, la frontera norte. No se trata de enfrentar territorios, sino de reconocer que los territorios frontera necesitan información, recursos, coordinación y una gobernanza compartida”.

La reunión también sirvió para analizar los posibles efectos del nuevo pacto europeo en los sistemas de acogida y en la coordinación entre administraciones. Participaron representantes del Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos, la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa y entidades sociales vinculadas al ámbito migratorio.