El Partido Popular de Tenerife ha culminado la elaboración de una Proposición de Ley de Simplificación Administrativa con la que pretende modernizar el funcionamiento de las administraciones públicas canarias, reducir los tiempos de tramitación y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con las instituciones.

La iniciativa, presentada este viernes por la dirección insular de la formación, plantea una transformación del modelo administrativo actual mediante la digitalización de procesos, la mejora de la coordinación entre organismos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas la Inteligencia Artificial.

El presidente insular del PP, Lope Afonso, defendió la necesidad de acometer una reforma profunda al considerar que los procedimientos burocráticos se han convertido en una barrera para el desarrollo económico y social del archipiélago. Según explicó, la complejidad administrativa provoca retrasos que afectan tanto a particulares como a emprendedores y empresas.

Para ilustrar esta situación, Afonso relató el caso de una empresaria tinerfeña que necesitó cerca de un año y más de una veintena de trámites para obtener las autorizaciones necesarias para abrir su negocio. A su juicio, este tipo de situaciones evidencian la necesidad de eliminar duplicidades y agilizar la gestión pública.

El dirigente popular señaló que la repetición de solicitudes documentales, la existencia de informes redundantes, la falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de criterios homogéneos generan importantes obstáculos para iniciativas tan diversas como la creación de empresas o la tramitación de ayudas y becas.

Entre las principales medidas incluidas en la propuesta destaca la creación de un Mapa Canario de Procedimientos Administrativos, una herramienta destinada a identificar los trámites existentes, analizar su eficacia y detectar aquellos susceptibles de simplificación o eliminación.

Asimismo, el texto contempla el desarrollo de una mayor interoperabilidad entre administraciones públicas mediante sistemas que permitan compartir información y evitar que los ciudadanos tengan que aportar reiteradamente la misma documentación ante diferentes organismos.

Otra de las propuestas pasa por la implantación de una carpeta digital única que centralice los expedientes y facilite el acceso a los servicios públicos desde una única plataforma, reduciendo desplazamientos y trámites presenciales.

La vicesecretaria insular de Acción Jurídica y diputada regional, Luz Reverón, destacó durante la presentación las consecuencias que los retrasos administrativos tienen sobre la inversión y la generación de empleo. En este sentido, aseguró que numerosos proyectos permanecen bloqueados durante años debido a la duplicidad de informes y a la dispersión competencial existente entre distintas administraciones.

Reverón defendió además el uso de la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo para optimizar procesos y reducir cargas burocráticas. Según precisó, la incorporación de esta tecnología no busca sustituir al personal público, sino facilitar que los empleados puedan dedicar más tiempo a tareas de mayor valor añadido.

La propuesta legislativa también apuesta por la automatización de determinados procedimientos para reducir errores, agilizar la resolución de expedientes y mejorar la eficiencia de los recursos públicos.