El Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado una proposición de ley para modificar la normativa turística autonómica con el objetivo de detener los expedientes sancionadores abiertos contra propietarios que residen en viviendas ubicadas en áreas calificadas como turísticas.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, defendió este martes la iniciativa y acusó al Gobierno de Canarias de haber generado una situación de «inseguridad jurídica» que afecta, según sus cálculos, a más de 70.000 familias del archipiélago. A su juicio, el Ejecutivo autonómico ha actuado como «un medianero de intereses privados» al aplicar una legislación que ha derivado en cientos de procedimientos sancionadores.

«El único delito que han cometido estas familias es vivir en la vivienda que compraron hace muchos años», afirmó Franquis, quien reclamó un cambio normativo que permita compatibilizar el uso residencial y turístico en determinados ámbitos.

La propuesta socialista plantea modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística y la Ley del Uso Turístico de Viviendas para reconocer que una vivienda pueda mantener un uso residencial cuando así lo permita el planeamiento urbanístico municipal, aunque se encuentre en una zona turística.

Entre las medidas incluidas figura la redefinición de conceptos como establecimiento turístico, alojamiento turístico y unidad alojativa, con el propósito de diferenciar las viviendas destinadas a la residencia de sus propietarios de aquellas sometidas a explotación turística.

Además, el texto incorpora un régimen transitorio que permitiría suspender los procedimientos sancionadores abiertos, incluidos los que se encuentran pendientes de resolución judicial firme y aquellos con sanciones ya confirmadas pero todavía no ejecutadas económicamente.

El diputado socialista Gustavo Santana, encargado de negociar la iniciativa con los grupos parlamentarios y con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, señaló que actualmente existen más de 200 expedientes sancionadores iniciados en las últimas semanas y más de 130 cartas de pago tramitadas, unas cifras que, según aseguró, continúan aumentando.

Santana reclamó especialmente el apoyo de Coalición Canaria para que la propuesta pueda iniciar su tramitación parlamentaria, recordando que esta formación ya había planteado la necesidad de buscar una solución y llegó incluso a anunciar un decreto ley que finalmente no fue aprobado.

El parlamentario socialista también cuestionó la forma en la que se están gestionando los expedientes. Según explicó, muchos se están tramitando como infracciones leves, con multas inferiores a 2.500 euros, una circunstancia que, a su juicio, puede limitar la capacidad de defensa de los afectados al reducir sus opciones de recurso.

La iniciativa del PSOE llega después de que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística impulsara al comienzo de la legislatura una iniciativa legislativa popular respaldada por 22.000 firmas para abordar esta misma problemática. Franquis recordó que aquella propuesta fue rechazada por los grupos que sostienen al Gobierno autonómico sin llegar a debatirse en la Cámara.

El portavoz socialista también criticó la actuación del Ejecutivo durante la tramitación de la ley de vivienda vacacional, al asegurar que rechazó las enmiendas presentadas por su grupo y no cumplió el compromiso atribuido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ofrecer una solución a los propietarios afectados.

Asimismo, reprochó al Gobierno que, siete meses después de aprobar la regulación de vivienda vacacional, haya planteado alrededor de una veintena de modificaciones para corregir una norma que, según sus palabras, «ya dijimos que era un desastre». En su opinión, esta regulación ha contribuido a agravar la emergencia habitacional al permitir que unas 34.000 viviendas pasaran del uso residencial al turístico al no establecerse una moratoria.

Santana defendió que la reforma planteada busca corregir una situación que considera «injusta» para quienes utilizan estas viviendas como residencia habitual o segunda residencia y garantizar mayor seguridad jurídica a los propietarios afectados.