El Tribunal Supremo ha endurecido su posición sobre las inscripciones en el voto exterior derivadas de la denominada ‘ley de nietos’. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el fuerte crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puede suponer un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los procesos electorales.

La preocupación de los magistrados se apoya en la dimensión del incremento registrado. Desde las elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio, el CERA ha aumentado en 408.262 electores, pasando de 2,32 millones a más de 2,73 millones de inscritos.

El Supremo aprecia que la evolución del censo exterior obliga a extremar las garantías y mantiene cautelarmente suspendidos los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

La decisión no cuestiona la nacionalidad española obtenida por los afectados. Lo que queda bajo cautela es el ejercicio del derecho al voto de determinadas personas mientras se resuelve definitivamente el procedimiento judicial.

El conflicto gira alrededor de los mecanismos utilizados para acreditar la condición de descendiente de españoles exiliados y, especialmente, de la presunción aplicada a quienes abandonaron España durante determinados periodos históricos.

El Supremo reclama ahora un mayor control sobre esas inscripciones y que los consulados acrediten que cada caso cumple los requisitos establecidos legalmente.

La batalla judicial continúa abierta. Hasta que exista una sentencia definitiva, el Alto Tribunal opta por preservar las garantías del censo ante lo que considera un riesgo suficientemente relevante como para afectar a futuros procesos electorales.