El Supremo pone fin a 60 años de concesión en el Charco de la Arena y abre la puerta a su demolición

Foto: Manolo de Armas.
Foto: Manolo de Armas.

El Tribunal Supremo ha declarado inadmitido el recurso de casación presentado por la concesionaria del Charco de la Arena, en Punta del Hidalgo, contra la sentencia que confirmaba la denegación de la prórroga de la concesión otorgada en 1964. La resolución es firme y deja el espacio nuevamente en dominio público marítimo-terrestre. Ha cerrado definitivamente el conflicto judicial sobre la concesión del Charco de la Arena, en Punta del Hidalgo, al declarar inadmitido el recurso de casación presentado por la entidad concesionaria contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la negativa a prorrogar la autorización otorgada en 1964.

En su providencia, el Alto Tribunal considera que el recurso presentado carece de la fundamentación exigida por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y acuerda su inadmisión a trámite por incumplimiento de los requisitos legales, al no apreciarse interés casacional suficiente.

La resolución, además, es firme, lo que implica que la concesión queda definitivamente extinguida y que ya no existe ninguna vía judicial para intentar reactivarla.

La concesión original autorizaba la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la construcción de un bar restaurante y el acondicionamiento de una charca natural como piscina, instalaciones que ahora pasan a considerarse ocupaciones sin título habilitante.

A partir de este momento se abre el procedimiento administrativo para recuperar el espacio público. La Dirección General de Costas deberá iniciar el expediente de recuperación posesoria del dominio público, notificar la extinción definitiva a la concesionaria y requerir el desalojo y retirada de las instalaciones.

Si no se produce una retirada voluntaria, la Administración podrá ordenar la demolición de las estructuras existentes y ejecutar las obras de forma subsidiaria.

El Ayuntamiento de La Laguna participará en la coordinación de los trabajos, especialmente en materia de seguridad, accesos y gestión del entorno, en una actuación que puede integrarse en el proyecto de recuperación ambiental del litoral de Punta del Hidalgo.

La decisión judicial abre así la puerta a la restauración paisajística y ambiental de uno de los enclaves costeros más singulares del municipio, ocupado durante más de seis décadas.