La persistencia de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y gas radón en varios puntos de la vertiente occidental de La Palma obliga a mantener las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en la isla. Así se puso de manifiesto este martes durante la reunión del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), convocada a petición del Cabildo para evaluar la situación casi cuatro años después de la erupción del Tajogaite.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, explicó que los informes científicos presentados durante la reunión reflejan la necesidad de continuar con el seguimiento de los gases en Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla, donde todavía persisten riesgos para la salud.

Rodríguez defendió que la permanencia del nivel amarillo permite que las decisiones continúen sustentándose en criterios científicos y aseguró que el objetivo es avanzar hacia la recuperación de la normalidad sin poner en riesgo a la población. «Sin comprometer la salud de las personas», recalcó.

En relación con el gas radón, el presidente insular anunció que el Cabildo ha garantizado la financiación de las investigaciones que desarrolla la Universidad de La Laguna y avanzó que se ampliará la red de medición para conocer con mayor precisión el comportamiento de este gas radiactivo natural.

Actualmente funcionan 105 detectores de trazas y 12 equipos de medición continua. De estos últimos, cuatro han registrado concentraciones superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico, el nivel de referencia establecido por la normativa vigente. El primer informe ya ha sido remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo que deberá determinar las actuaciones que correspondan, mientras las administraciones estudian posibles medidas de mitigación en los puntos donde se superan los valores recomendados.

Rodríguez recordó además que las investigaciones apuntan a la existencia de fallas geológicas situadas al norte y al sur de las coladas que podrían estar relacionadas con la emisión del radón.

Respecto al dióxido de carbono, el presidente del Cabildo señaló que se mantendrán los controles sobre las viviendas autorizadas de Puerto Naos y La Bombilla para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Asimismo, defendió el límite de 700 partes por millón fijado por el Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal), al considerarlo más estricto que otros estándares existentes.

También advirtió de que el Cabildo continuará actuando ante la ocupación de inmuebles sin autorización o en aquellos casos en los que se detecten sensores desconectados, situaciones que, según indicó, afectan mayoritariamente a segundas residencias.

Por su parte, la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, destacó el sistema de vigilancia del dióxido de carbono implantado conjuntamente con el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), al que calificó como un «hito tecnológico». La red está integrada por unos 1.800 sensores instalados en viviendas y locales comerciales que envían información en tiempo real cada cinco minutos a un centro operativo encargado de supervisar permanentemente los datos y coordinar las actuaciones de emergencia.

López explicó que los estudios realizados confirman que el dióxido de carbono actúa como vehículo de transporte del radón, de manera que las zonas con mayor presencia de CO₂ son también las que presentan una mayor probabilidad de registrar concentraciones elevadas de este gas radiactivo.

No obstante, precisó que las series de datos disponibles, algunas obtenidas durante más de 16 meses, muestran importantes variaciones diarias y estacionales, por lo que consideró imprescindible prolongar las mediciones para comprender mejor el fenómeno.

La directora del IGN también destacó los resultados obtenidos en los ensayos de despresurización del suelo desarrollados por el Instituto Eduardo Torroja, dependiente del CSIC, capaces de reducir la concentración de gases en áreas situadas hasta a 50 metros de los puntos de extracción.

En cuanto a la actividad volcánica, López aseguró que actualmente no existe ningún indicador que apunte a una nueva erupción en Canarias a corto o medio plazo, aunque recordó que el archipiélago continuará siendo un territorio volcánicamente activo y defendió la necesidad de mantener los sistemas de vigilancia y protección civil.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, respaldó la continuidad de los trabajos científicos y reiteró el apoyo del Ejecutivo autonómico al Cabildo y a las instituciones implicadas en el seguimiento de la emergencia. «Nuestra primera preocupación es la seguridad de las personas que viven en la zona», afirmó, al tiempo que apostó por seguir profundizando en los estudios sobre las emisiones de gases y la evolución del sistema volcánico.