El futuro del transporte interurbano de Gran Canaria entra en una fase decisiva. La concesión que explota Global vence el 31 de diciembre de 2027 y el Cabildo estudia la creación de una empresa pública mientras aumenta la presión para definir quién gestionará las guaguas después de esa fecha.

Antonio Morales sostiene que se están recabando informes para determinar la viabilidad de esa alternativa, aunque marca un límite: «El Cabildo no puede comprar Global». La opción pública permanece, por tanto, en estudio, sin una solución definitiva anunciada.

La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público reclama que la institución impulse la gestión directa y tome como referencia el modelo de Titsa en Tenerife. Sus promotores advierten de la incertidumbre que el vencimiento de la concesión genera entre los trabajadores y piden que el debate contemple la continuidad del servicio, el empleo y la experiencia acumulada por la actual operadora.

La preocupación del colectivo se centra también en la posibilidad de que una multinacional acceda a la próxima concesión. Ese escenario es un riesgo que plantea la plataforma, sin que exista una adjudicación anunciada. El presidente del comité de empresa, Santiago Domínguez, ha defendido que el servicio quede bajo el paraguas del Cabildo para preservar las condiciones de la plantilla.

La cuenta atrás obliga a resolver un asunto que afecta a los desplazamientos cotidianos para trabajar, estudiar o acudir a los servicios sanitarios. La plataforma pide que la planificación atienda también a los barrios y municipios cuyas conexiones tienen un valor social que no siempre se traduce en rentabilidad económica.

Crear una empresa pública y comprar Global son decisiones distintas

La propuesta ciudadana pasa por convertir Global en una empresa pública, aprovechando su estructura y sus profesionales. El planteamiento que estudia el Cabildo es crear una entidad pública para el transporte interurbano, cuya viabilidad todavía debe determinarse.

Esa diferencia concentra el debate: el objetivo de una gestión pública necesita concretar cómo se organizaría el servicio y qué encaje tendría la actual operadora. Por ahora, hay una fecha de vencimiento y alternativas sobre la mesa; el modelo que sustituirá a la concesión sigue pendiente de definición.