Bruselas ha puesto el foco en España justo cuando el Gobierno presume de estabilidad presupuestaria. Los 25.000 millones de euros pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podrían retrasarse —o incluso congelarse— si España no corrige los desvíos fiscales, actualiza las reglas de control del gasto y acelera compromisos estructurales que lleva meses aplazando.
La Comisión Europea ha enviado varios avisos en las últimas semanas: España no está cumpliendo el ritmo ni las condiciones pactadas para acceder al siguiente tramo de fondos europeos. El Ejecutivo comunitario señala sobre todo el exceso de gasto estructural, la falta de claridad en la senda de reducción del déficit y los retrasos en reformas comprometidas, entre ellas cuestiones clave vinculadas al mercado laboral, la supervisión fiscal autonómica y la eficiencia del gasto público.
A ello se suma el reciente toque de atención por el deterioro de la deuda pública, que vuelve a tensionar los parámetros exigidos por las nuevas reglas fiscales. Bruselas ha advertido de que el escenario macroeconómico del Gobierno español “peca de optimista”, poniendo en duda que pueda cumplir los ajustes previstos sin medidas adicionales.
Los 25.000 millones pendientes —cruciales para inversiones de digitalización, transición energética e infraestructuras— están ahora sujetos a una verificación reforzada.
En el entorno europeo preocupa que España esté utilizando los fondos para compensar desajustes internos y no para las reformas estructurales pactadas.
Además, varios comisarios han deslizado que el Gobierno “no puede esperar trato preferente” ni un blindaje político como en etapas anteriores. Si no se acelera el cumplimiento, España se expone a un bloqueo parcial o total de los desembolsos, un golpe que tendría impacto directo en comunidades autónomas y empresas que dependen de estos proyectos.
