La subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, que en las últimas horas ha tensionado el coste del barril y amenaza con trasladarse a los carburantes, ha provocado una rápida reacción de varios gobiernos europeos.
Francia ha impulsado reuniones de coordinación con las principales economías del G7 para estudiar la liberación de reservas estratégicas de crudo si la escalada de precios continúa. Al mismo tiempo, el Ejecutivo francés ha intensificado la vigilancia sobre las gasolineras ante posibles abusos en los precios finales al consumidor.
Portugal, por su parte, ha activado un sistema automático de reducción fiscal que permite rebajar impuestos si el precio del combustible supera determinados umbrales. El objetivo es amortiguar el impacto directo en los conductores y en el transporte.
Más contundente ha sido Hungría, que ha decidido fijar límites máximos al precio de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio, además de recurrir a parte de sus reservas estatales de petróleo para garantizar el suministro y estabilizar el mercado interno.
Otros países europeos como Croacia o Austria también han anunciado ajustes fiscales o mecanismos temporales de intervención para evitar un traslado inmediato del encarecimiento energético a la economía doméstica.
En España, sin embargo, el Gobierno mantiene por ahora un enfoque de seguimiento de la situación. Desde el Ejecutivo se reconoce que el escenario energético está siendo analizado, pero en el último Consejo de Ministros no se aprobaron medidas específicas para contener el impacto del encarecimiento del petróleo en los carburantes.