Desde el Ministerio de Hacienda rechazan de forma tajante las acusaciones de Amsterdam & Partners y aseguran que no existen bonus vinculados directamente a la recaudación generada por los inspectores. Según la versión oficial, los complementos salariales se basan en objetivos globales del organismo, no en liquidaciones concretas, y nunca premian la apertura de expedientes individuales ni la cuantía final de las actas.
Fuentes de la Agencia Tributaria recalcan que los inspectores trabajan bajo protocolos estrictos, supervisión jerárquica y múltiples controles internos destinados a garantizar que cualquier comprobación se realice “con criterios técnicos”, sin margen para decisiones arbitrarias. Añaden que todo el procedimiento está sujeto a garantías legales, revisión interna, mecanismos de recurso y la posibilidad de acudir a tribunales económico-administrativos o a la jurisdicción contenciosa.
Hacienda insiste en que el sistema español es “uno de los más auditados de Europa” y que las inspecciones responden a análisis de riesgo, cruces de datos y criterios de planificación anual, no a incentivos individuales. “El objetivo es combatir el fraude, no recaudar a cualquier precio”, subrayan.
¿Cómo funcionan los incentivos fiscales en otros países?
Amsterdam & Partners sostiene que el modelo español se aparta de las mejores prácticas internacionales. En países como Alemania, Francia o Reino Unido, los incentivos a los funcionarios tributarios se vinculan, según el bufete, a objetivos de servicio público, reducción de fraude o eficiencia administrativa, pero no a la recaudación de expedientes concretos.
La firma denuncia que, en España, la percepción de que los inspectores pueden beneficiarse indirectamente de mayores ajustes alimenta la desconfianza y choca con la imagen de seguridad jurídica que ofrecen otros sistemas europeos. Hacienda, por su parte, insiste en que su estructura de objetivos es similar a la del entorno comunitario.
