La Agencia Tributaria avanza un paso más en su estrategia de control fiscal y amplía la vigilancia sobre los pagos electrónicos realizados con tarjetas y Bizum. A partir de la nueva normativa, las entidades financieras estarán obligadas a comunicar a Hacienda los movimientos de los usuarios que superen los 25.000 euros anuales en el uso de tarjetas, así como los cobros recibidos a través de sistemas de pago inmediato cuando estén vinculados a actividades económicas.
El objetivo oficial es combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, pero la medida ha generado inquietud entre ciudadanos y profesionales, que ven cómo cada vez más aspectos de su vida financiera quedan bajo supervisión directa. Hacienda podrá cruzar estos datos con las declaraciones de la renta y detectar posibles desajustes entre ingresos declarados y nivel de gasto.
En el caso de Bizum, el control será especialmente relevante para autónomos y pequeños comercios que utilizan esta vía como medio habitual de cobro. Aunque no se prohíbe su uso, la Agencia Tributaria advierte de que todos los ingresos deben declararse, independientemente del canal por el que se reciban.
Desde el Ministerio se insiste en que superar el umbral no implica una sanción automática, pero sí abre la puerta a comprobaciones e inspecciones si se detectan incoherencias. Una política de control que refuerza el mensaje de tolerancia cero frente a la evasión, pero que incrementa la presión fiscal percibida por amplios sectores de la población.
Hacienda asfixia cada día más
La ampliación del control sobre Bizum y tarjetas se suma a otras medidas recientes de la Agencia Tributaria que refuerzan la sensación de vigilancia constante: más cruces de datos bancarios, mayor fiscalización del gasto y nuevos sistemas de facturación obligatoria. Para muchos contribuyentes, el mensaje es claro: cada euro deja rastro y cada movimiento puede ser analizado, en un contexto de creciente presión fiscal sobre familias, autónomos y pequeñas empresas.