El Congreso afronta una iniciativa de enorme carga histórica y diplomática: facilitar el acceso a la nacionalidad española a los saharauis vinculados al antiguo Sáhara español, una medida cuyo alcance potencial podría llegar hasta las 200.000 personas si se incluye a los descendientes.

La proposición contempla que puedan solicitar la nacionalidad quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y acrediten documentalmente su relación con la administración española de la época. No será una nacionalización automática, sino un procedimiento individual sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las estimaciones sitúan en torno a 70.000 u 80.000 los posibles beneficiarios directos, aunque el número podría elevarse hasta aproximadamente 200.000 al incorporar a sus descendientes, que dispondrían también de una vía para acceder posteriormente a la nacionalidad.

La iniciativa llega además en un momento especialmente sensible para las relaciones entre España y Marruecos. La crisis de Ceuta ha vuelto a colocar a Rabat en el centro del debate político español y ahora se suma el Sáhara Occidental, una cuestión estratégica y especialmente delicada para el reino alauita.

El PSOE respalda la medida, el PP se inclina por la abstención y Vox mantiene su oposición, una combinación que permitiría al texto continuar su tramitación parlamentaria.

Medio siglo después de la salida española del territorio, el Sáhara vuelve así al primer plano político. Y lo hace con una decisión que puede afectar a decenas de miles de personas y que inevitablemente será observada con atención desde Marruecos.