El Gobierno central ha reforzado el control sobre el mercado de los carburantes habilitando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para requerir información detallada sobre la formación de precios a operadores, mayoristas y estaciones de servicio. La normativa contempla sanciones de hasta 6 millones de euros para las empresas que no faciliten estos datos o incumplan las obligaciones de supervisión.
El objetivo es mejorar la transparencia del mercado en un contexto de volatilidad internacional y de aplicación de medidas fiscales sobre los combustibles.
En paralelo, el Gobierno de Canarias ha iniciado un análisis específico del comportamiento del sector en el Archipiélago. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha señalado que se han registrado incrementos de precios coincidiendo con el inicio de la crisis internacional, pese a que el sistema logístico insular se basa en el almacenamiento previo de combustible.
Este modelo implica que las variaciones del precio del crudo no deberían trasladarse de forma inmediata al consumidor final. Por ello, el Ejecutivo autonómico estudia la evolución de precios, márgenes comerciales y tiempos de reposición en toda la cadena de suministro.
En caso de detectarse distorsiones, el expediente podría derivarse a los órganos de Competencia, en línea con el refuerzo del control estatal sobre el mercado de los carburantes.