José Alberto Díaz-Estébanez ha elevado el tono contra Patricia Hernández y el PSOE de Santa Cruz de Tenerife por la ofensiva socialista contra la nueva tasa de basura. El dirigente de Coalición Canaria acusa a la portavoz socialista de intentar “confundir” a los vecinos, “sembrar miedo” sobre el nuevo recibo y solicitar datos personales a los ciudadanos en plena campaña electoral.

Díaz-Estébanez sostiene que Hernández intenta presentarse ahora como defensora de los vecinos frente a una tasa cuya implantación deriva de una normativa estatal que obliga a los municipios a establecer una tasa específica para cubrir el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Para el dirigente nacionalista, resulta contradictorio que el PSOE critique ahora desde Santa Cruz una medida cuya aplicación viene impuesta desde el ámbito estatal y que los ayuntamientos están obligados a desarrollar a través de sus propias ordenanzas municipales.

La principal crítica de Coalición Canaria se dirige contra la iniciativa socialista para canalizar posibles reclamaciones de los ciudadanos.

Díaz-Estébanez sostiene que esos procedimientos ya pueden realizarse directamente ante el Ayuntamiento y cuestiona que el PSOE solicite información personal a quienes recurran a su plataforma.

“Yo no aconsejo facilitar datos personales a nadie que no sea una Administración pública con las debidas garantías”, advierte.

El responsable municipal defiende que la ordenanza de Santa Cruz ha sido elaborada siguiendo criterios técnicos, con participación de funcionarios y habilitados nacionales y sin intervención política en la fijación de los parámetros de aplicación.

También asegura que el Ayuntamiento aplicará cualquier futura resolución judicial que pueda afectar a la tasa y que, si los tribunales determinan que alguna cantidad ha sido cobrada indebidamente, se procederá a devolver de oficio lo que corresponda.

Díaz-Estébanez pone precisamente el foco en lo ocurrido en otros puntos de España, donde distintas tasas municipales de basura ya han acabado ante los tribunales y algunas han sido anuladas.

La Justicia ya ha tumbado tasas de basura en España

Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la ordenanza de la nueva tasa de residuos al apreciar deficiencias en la justificación técnico-económica y en los criterios utilizados para calcular y repartir el coste del servicio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió posteriormente no recurrir la sentencia, paralizó nuevas liquidaciones y anunció la devolución de las cantidades que correspondieran.

El caso se ha convertido en uno de los principales precedentes en Canarias y demuestra que la obligación estatal de implantar la tasa no impide que los tribunales puedan tumbar una ordenanza municipal cuando consideren que su desarrollo o justificación no se ajusta a Derecho.

Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también anuló la ordenanza de la tasa de basura de la capital al apreciar defectos sustanciales en su tramitación.

Sin embargo, el procedimiento madrileño continúa abierto después de que el Tribunal Supremo admitiera los recursos presentados por el Ayuntamiento, por lo que será el Alto Tribunal quien termine fijando el criterio definitivo sobre el caso.

Barcelona. Existe además un antecedente relevante en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó inicialmente la tasa municipal de residuos, aunque posteriormente el Tribunal Supremo revocó aquella decisión y terminó dando la razón al Ayuntamiento.

Los distintos pronunciamientos judiciales dejan una conclusión clara: la obligación estatal de establecer una tasa de residuos sigue vigente, pero cada ordenanza municipal puede ser revisada por los tribunales.

La discusión jurídica ya no está únicamente en la existencia de la tasa, sino en cómo cada ayuntamiento calcula su importe, justifica el coste del servicio y distribuye ese pago entre los ciudadanos.