La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), a un año y nueve meses de inhabilitación para ejercer un cargo político por un delito de prevaricación relacionado con el procedimiento de adjudicación del quiosco de El Pescante.
La sentencia ha sido declarada firme después de que la regidora aceptara los hechos, la calificación de las acusaciones y la pena solicitada durante el juicio. Contra el fallo no cabe recurso.
La Fiscalía cuestionó las decisiones adoptadas por Clemente durante la tramitación del concurso, al considerar que fueron dictadas pese a las advertencias sobre su legalidad realizadas por el secretario del Ayuntamiento y por Costas.
Los hechos probados sitúan el inicio del procedimiento el 2 de junio de 2008, cuando la alcaldesa dictó una providencia dirigida a la Secretaría municipal para que se elaboraran los pliegos destinados a sacar a concurso el quiosco de El Pescante.
Posteriormente, un informe fechado el 20 de junio alertó de que el Ayuntamiento no disponía de la concesión administrativa de Costas necesaria para explotar la instalación, situada en dominio público marítimo-terrestre. El documento también recogía deficiencias relacionadas con la zona dotacional recreativa, los servicios anexos y las medidas de seguridad, por lo que fue desfavorable.
Según recoge la resolución judicial, Clemente conocía estas advertencias cuando continuó con la tramitación. La sentencia señala además que la alcaldesa inició un expediente sancionador contra el secretario que había elaborado el informe y lo apartó de sus funciones.
El 11 de julio de 2008, Clemente dictó una nueva resolución para poner en marcha el procedimiento de adjudicación mediante concesión administrativa, por procedimiento abierto y con tramitación urgente. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de julio.
El concurso quedó finalmente desierto. Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió explotar directamente el establecimiento, asumiendo la contratación del personal y la compra de las mercancías necesarias para poner en funcionamiento el bar.
La sentencia aprecia un «ánimo ilícito» en varias de las actuaciones desarrolladas por la entonces alcaldesa, entre ellas distintas providencias y resoluciones dictadas entre el 11 de julio y el 11 de agosto de 2008 para justificar la urgencia de la tramitación del expediente.
Fuentes jurídicas vinculadas al procedimiento señalan que la condena de inhabilitación debería implicar la salida de Clemente de la Alcaldía de Hermigua y la posterior convocatoria de un pleno municipal para elegir a un nuevo alcalde.