La Audiencia de Cuentas de Canarias ha puesto el foco sobre una de las mayores pérdidas económicas derivadas de la gestión administrativa reciente del Gobierno autonómico. El órgano fiscalizador aprecia indicios de posible responsabilidad contable por la tramitación incorrecta de las sanciones impuestas a las compañías eléctricas tras los apagones registrados en Tenerife y La Palma entre 2018 y 2020.

Según el informe presentado en el Parlamento de Canarias, la Comunidad Autónoma se vio obligada a devolver 46,3 millones de euros a las empresas sancionadas después de que los tribunales anularan los expedientes. Del total, 42,8 millones correspondían a las multas impuestas y más de 3 millones a intereses de demora abonados por la Administración.

La Audiencia concluye que los procedimientos sancionadores se tramitaron fuera de los plazos legalmente establecidos. Pese a ello, la Administración continuó adelante con los expedientes, que acabaron siendo anulados judicialmente. Cuando se estudió la posibilidad de reiniciarlos, los hechos ya habían prescrito, lo que impidió recuperar las sanciones y consolidó el perjuicio económico para las arcas públicas.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, calificó el impacto económico como una cantidad «bastante seria» y señaló que corresponde ahora a los órganos competentes determinar si existen responsabilidades contables derivadas de esta actuación. El caso se ha convertido en uno de los principales reproches del informe de fiscalización de las cuentas autonómicas.