El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto sentar en el banquillo a 16 personas por su presunta implicación en un fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos cometido entre 2018 y 2021 en el conocido como caso Gaslow.

En su auto, fechado este lunes, el magistrado atribuye a los investigados delitos contra la Hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales. Además, plantea que 82 personas jurídicas puedan ser consideradas responsables civiles en la causa.

El procedimiento describe la existencia de una estructura organizada en la que, según el juez, los implicados actuaban de forma coordinada con el objetivo de eludir el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos. Este mecanismo les habría permitido operar con precios más bajos que los del mercado, aumentando así su volumen de ventas y beneficios.

Según la investigación, la red estaría integrada por tres grupos diferenciados y tendría como principales cabecillas a Antonio Rodríguez Estepa, Juan Simón Martínez y el empresario Claudio Rivas, uno de los imputados en la causa.

El auto detalla además que las sociedades implicadas, entre ellas Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías, habrían sido clave en la operativa que permitió sostener el esquema de fraude mediante la introducción de carburante en la cadena empresarial.

Las cifras recogidas por el instructor reflejan la magnitud del presunto fraude. Solo en 2018 la cuota defraudada ascendería a 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 alcanzaría los 30,9 millones. El mayor volumen se registraría en 2020, cuando el fraude habría llegado a los 111,8 millones de euros, además de detectarse movimientos vinculados al blanqueo de capitales por cerca de 60 millones.

Entre los investigados figura también un capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, a quien el juez atribuye delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Según el auto, el agente habría mantenido contactos con miembros de la trama y recibido pagos a cambio de información policial a la que tenía acceso por su cargo en la Unidad Central Operativa.

El documento judicial también recoge un incremento patrimonial relevante en su caso, al pasar de 251.587 euros en 2018 a más de 590.000 euros en 2022, lo que supone un aumento del 134 % en cuatro años.

La causa incluye además la petición de responsabilidades civiles para decenas de empresas presuntamente vinculadas al entramado, en un procedimiento que ahora queda pendiente de juicio oral.