El Estado dejará de ingresar alrededor de 135 millones de euros durante 2026 por la bonificación del 60 % del IRPF aplicada a los residentes de La Palma, una medida que beneficiará aproximadamente a 35.000 contribuyentes de la isla, según las estimaciones de Hacienda trasladadas por el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.

La medida ha sido prorrogada para este ejercicio a través del Real Decreto-ley 23/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Izquierdo ha instado a los trabajadores que puedan acogerse a la deducción a solicitar su aplicación directamente en la nómina a partir de septiembre.

El impacto económico de esta bonificación ha ido creciendo desde su puesta en marcha. En 2022 supuso una reducción de los ingresos estatales de 78 millones de euros, mientras que en 2025 alcanzó los 111 millones. Para el actual ejercicio, Hacienda calcula que la cantidad superará los 135 millones.

Izquierdo considera que esta evolución refleja «con hechos» la recuperación económica de la isla tras la erupción del Tajogaite, al entender que el incremento del coste fiscal de la deducción está relacionado con el aumento de las rentas sobre las que se aplica.

El decreto-ley contempla además nuevas medidas dirigidas a agricultores y autónomos afectados por la erupción. Entre ellas figura una nueva moratoria de seis meses para determinados agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Los afectados podrán solicitar hasta el 15 de octubre la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de determinados préstamos y créditos. La moratoria se aplicará al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

En el caso de los autónomos, la norma modifica los requisitos para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad vinculada a los daños ocasionados por la erupción. En concreto, las subvenciones del programa POSEI dejarán de contabilizarse dentro de los ingresos netos, con el objetivo de impedir que estas ayudas hagan que los beneficiarios superen los límites de ingresos establecidos para recibir la prestación.

El Gobierno de Canarias podrá, además, utilizar 100 millones de euros procedentes de su superávit para financiar actuaciones destinadas a personas y entidades perjudicadas por la erupción.

Una parte de esos fondos, entre 8 y 9 millones de euros, se destinará a compensar a los agricultores por los kilos improductivos de sus explotaciones plataneras correspondientes a 2024, 2025 y 2026, siempre que las parcelas continúen inaccesibles o permanezcan en proceso de reconstrucción.

También se prevén ayudas para reponer infraestructuras agrícolas destruidas por la erupción, entre ellas cuartos de aperos, estanques y empaquetados de plátanos. La intención es que las compensaciones se aproximen al «valor real» de las pérdidas sufridas.

El paquete económico incluye asimismo recursos para reconstruir conexiones hidráulicas y actualizar los costes de construcción de las fincas dañadas. El importe de este complemento podrá variar en función de las características de la colada que afecte a cada parcela.

Por último, el decreto contempla un millón de euros para poner en marcha un sistema de canalización de CO2 en Puerto Naos, destinado a extraer el gas acumulado en el subsuelo antes de que pueda alcanzar la superficie.