La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a situar al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en el centro del debate al señalar que determinados incentivos y singularidades del sistema canario generan “sobrecostes” y distorsiones en el funcionamiento del mercado. Un planteamiento que ha sido recibido con preocupación en el Archipiélago, donde se interpreta como un nuevo cuestionamiento a un fuero reconocido constitucional y estatutariamente.
Desde Canarias se recuerda que el REF no es un privilegio, sino un mecanismo de compensación destinado a corregir las desventajas estructurales derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y la dependencia exterior. Instituciones y expertos subrayan que los incentivos fiscales y económicos permiten garantizar la cohesión social, atraer inversión y sostener sectores estratégicos.
El posicionamiento del organismo regulador reabre un debate recurrente sobre la incomprensión del hecho diferencial canario desde algunos órganos del Estado, especialmente cuando se analizan los costes sin valorar el impacto real de no contar con estas herramientas.
El Gobierno de Canarias insiste en que cualquier revisión del REF debe hacerse desde el diálogo y el respeto al marco legal vigente, alertando de que debilitarlo supondría un golpe directo a la competitividad y al desarrollo económico del Archipiélago.