La construcción de una desaladora para uso agrícola en el municipio de Breña Baja, en La Palma, ha abierto un debate técnico y social sobre su conveniencia. El proyecto, promovido por el Cabildo insular, tiene como objetivo reforzar el suministro de agua para riego en zonas afectadas por la disminución de caudales y los efectos derivados de la erupción volcánica.

La instalación contará con una capacidad aproximada de producción de unos 2.500 metros cúbicos diarios de agua desalada, destinada principalmente al sector agrícola. Desde las administraciones se considera una infraestructura estratégica para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos en el medio y largo plazo.

No obstante, diferentes colectivos y especialistas han planteado dudas sobre la necesidad actual de esta actuación, apuntando a que las precipitaciones registradas en los últimos años no reflejan una situación generalizada de escasez hídrica en la isla.

También se ha señalado el impacto energético de la desalación, en un sistema eléctrico insular con alta dependencia de combustibles fósiles, lo que podría implicar un incremento de la demanda energética y de los costes asociados.

Asimismo, el proyecto ha suscitado debate en relación con su tramitación por la vía de urgencia y su encaje en la planificación hidrológica insular.